El viceministro del Diálogo Social, Gabriel Rondón, rechazó los recientes enfrentamientos entre facciones disidentes de las Farc en Guaviare, que dejaron al menos 30 personas muertas en el municipio de El Retorno.
La confrontación, ocurrida el 17 de enero de 2026, involucró a grupos armados al margen de la ley, cuyos choques por el control territorial derivaron en una grave situación de violencia y desplazamiento en la región.
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A través de su cuenta en la red social X, Gabriel Rondón expresó: “Desde el Ministerio del Interior lamentamos y rechazamos estas acciones en donde siguen muriendo jóvenes, que en su mayoría han sido reclutados forzadamente”.
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El funcionario señaló que el Gobierno busca alternativas para reducir la violencia y evitar que situaciones similares continúen cobrándose vidas en el departamento.
El Ministerio del Interior reiteró su postura de rechazo ante los hechos que afectaron de manera directa a la población juvenil de la zona.
De acuerdo con el propio Rondón, “seguiremos como Gobierno del Cambio buscando diferentes opciones para que esto no se siga presentando”.
La preocupación del Ejecutivo se centra en el continuo reclutamiento forzado de menores y jóvenes, práctica recurrente dentro de los grupos armados ilegales que operan en el sur del país.
“Hacemos un llamado energético a los señores de la guerra para que cesen todos los actos de violencia, ustedes no representan ningún espíritu revolucionario, por el contrario son narcotraficantes al servicio del gran capital ilegal internacional”, aseveró Rondón.
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Detalles de lo ocurrido
Los combates ocurrieron en la zona rural de El Retorno, donde disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, sostienen una disputa por el dominio de rutas asociadas a economías ilícitas.
Las autoridades informaron sobre el elevado número de víctimas tras los combates, que se prolongaron durante varias horas y ocasionaron adicionalmente desplazamientos y heridos, aunque las cifras oficiales aún no han sido confirmadas.
El Ejército Nacional de Colombia desplegó tropas en el área afectada para intentar controlar la situación y proteger a la población civil.
El municipio de El Retorno, ubicado en el sur del Guaviare, ha sido escenario de enfrentamientos reiterados entre grupos ilegales que buscan fortalecer su presencia e influencia sobre corredores estratégicos.
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La región es foco de operaciones militares y de monitoreo por parte de organismos humanitarios, que buscan mitigar los impactos de la violencia sobre comunidades indígenas y campesinas.
La crisis de seguridad en el Guaviare se ha agravado a raíz de disputas internas entre las facciones de las disidencias de las Farc, en particular los frentes liderados por Néstor Gregorio Vera Fernández (alias Iván Mordisco) y Alexánder Díaz (alias Calarcá).
Los enfrentamientos han puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad regional y el impacto directo en la vida cotidiana de las comunidades locales, muchas de ellas afectadas por el desplazamiento y la pérdida de familiares.
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El reclutamiento forzado sigue siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades y la sociedad civil.
Las repercusiones de los combates han alcanzado también a entidades religiosas, como la Diócesis de San José del Guaviare y la Conferencia Episcopal de Colombia, que instaron a frenar la violencia y respetar el derecho internacional humanitario.
Estas instituciones pidieron protección urgente para la población civil y manifestaron su inquietud por el sufrimiento y la victimización que enfrentan los habitantes del departamento.
Las cifras de desplazados y víctimas reflejan la dimensión del conflicto: informes recientes señalan que al menos 90.000 personas han sido desplazadas en la región como resultado de la violencia armada, y que más de diez menores han perdido la vida en estos enfrentamientos.
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El Ejército Nacional mantiene la presencia permanente de uniformados en la zona rural, con el objetivo de brindar seguridad y facilitar las labores de identificación de víctimas tras los combates.
El monitoreo de la situación continúa por parte de las autoridades civiles, militares y organismos humanitarios, mientras avanzan las investigaciones para determinar la identidad de los fallecidos y el número total de personas afectadas.
Las operaciones de control territorial permanecen activas en la zona de El Retorno, donde se focaliza la disputa entre las diferentes estructuras ilegales.
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