La Fiscalía General de la Nación envió a prisión preventiva a Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, tras presentarlo como uno de los principales reclutadores de menores de edad para las disidencias de las Farc del terrorista “Iván Mordisco” en el oriente de Colombia.
El caso, que conmocionó a las comunidades indígenas y la opinión pública, se construyó a partir de denuncias de poblaciones vulnerables de los departamentos de Guaviare y Vaupés.
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Así operaba la estructura de reclutamiento
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía General de la Nación, alias El Mono habría empezado a captar menores desde marzo de 2022, principalmente en comunidades indígenas.
El patrón detectado incluía la ubicación de niños y adolescentes en entornos educativos, donde el presunto reclutador identificaba sus necesidades, gustos y vulnerabilidades familiares. Según el ente investigador, el acusado utilizaba dos vías para atraer a los menores: falsas promesas de remuneración económica y amenazas contra sus familias.
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La Fiscalía detalló que el acusado empleaba el contacto directo, aprovechando los vínculos personales y situaciones de abandono de los menores. Cuando consideraba que era el momento adecuado, mantenía comunicación con ellos hasta persuadirlos para que se incorporaran a las filas del grupo armado. Parte del proceso consistía en intimidar a los adolescentes con represalias a sus familias y prometerles sumas de dinero que nunca llegaban.
Impacto en las comunidades indígenas
La operación criminal documentada por la Fiscalía afectó especialmente a niños y adolescentes indígenas de Vaupés y Guaviare. El ente judicial recabó testimonios y denuncias de líderes comunitarios que pusieron en evidencia la situación.
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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales indicó que estos reclutamientos no constituyen casos aislados, sino que forman parte de una estrategia sistemática de las disidencias.
Entre las víctimas, se encuentran menores que fueron extraídos de sus entornos familiares y educativos. La Fiscalía divulgó imágenes en las que se observa a tres adolescentes reclutados por el frente Armando Ríos en una lancha sobre el río Vaupés, avanzando hacia un campamento guerrillero. En otra de las fotografías, uno de los menores aparece luego portando camuflaje y un fusil, mostrando el cambio radical en su vida.
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Destinos marcados por la violencia
El proceso judicial recoge el destino de al menos dos de los jóvenes reclutados por la estructura de alias El Mono. Según la Fiscalía, uno de los adolescentes murió el 30 de marzo de 2025 durante un enfrentamiento armado en Solano, Caquetá. Otro fue asesinado el 11 de agosto de 2024 tras intentar escapar de un campamento en Cucurú, Vaupés. Estos hechos, recogidos por el ente investigador ilustran la gravedad de la situación.
Las investigaciones también atribuyen a Sánchez Correa la imposición de normas de comportamiento a las comunidades bajo control de las disidencias. El acusado, según los fiscales, fijaba pagos por supuestos incumplimientos y participaba en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
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Cargos judiciales y cifras de reclutamiento
De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía General de la Nación imputó a alias El Mono los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo, reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido. El acusado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
El fenómeno del reclutamiento forzado de menores, con base en cifras de la Defensoría del Pueblo, tuvo 651 casos reportados en 2024 y 257 en 2025. El Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de “Iván Mordisco” fue señalado como responsable del 47,1% de los casos, aunque otras estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia también se vinculan a este tipo de crímenes.
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La Fiscalía y organismos de derechos humanos han registrado que las víctimas de reclutamiento forzado provienen no solo de Guaviare y Vaupés, sino también de Bolívar, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila, Chocó, Antioquia y Cauca.
El fenómeno afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas y rurales, donde los grupos armados aprovechan vacíos de protección estatal y condiciones de vulnerabilidad social.
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