Delincuentes estarían convirtiéndose falsamente en indígenas para librarse de prisión: así funcionaría la ‘jugadita’ contra la justicia ordinaria

El uso de certificaciones de pertenencia a resguardos indígenas como mecanismo para evadir la justicia ordinaria se habría convertido en una estrategia recurrente entre criminales en Colombia.

Casos recientes mostrarían cómo individuos condenados por delitos graves logran obtener estos documentos, lo que les permite acceder a la jurisdicción especial indígena y, en ocasiones, continuar sus actividades delictivas en libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según una reciente investigación del diario El País de Cali, este fenómeno afecta principalmente a departamentos como Valle del Cauca, Cauca, La Guajira y Antioquia, y ha puesto en evidencia vacíos legales y riesgos de impunidad que impactan tanto al sistema judicial como a las propias comunidades indígenas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Andrés Felipe Flórez, conocido como “Chinga Pipe”, figura central en el conflicto por el control del microtráfico en Cali. Flórez fue capturado tras un ataque armado en agosto de 2025, pese a que debía estar cumpliendo una condena.

Al momento de su detención, portaba un certificado que lo acreditaba como miembro de un resguardo indígena en Florida, Valle del Cauca. Un juez le había concedido el beneficio de detención domiciliaria en dicho resguardo, desde donde continuaba involucrado en actividades delictivas.

El caso de “Chinga Pipe” no es aislado. En enero de 2024, agentes de la Sijin capturaron a “El profe Álex”, docente condenado por abuso sexual de un menor en Miranda, Cauca. Aunque inicialmente fue recluido en un centro carcelario, semanas después se autorizó su traslado a un centro de armonización indígena en Santander de Quilichao, tras obtener un certificado de pertenencia a un cabildo.

Familiares de la víctima denunciaron que el acusado intentó obtener certificaciones en varios resguardos antes de lograr el reconocimiento, lo que consideran una maniobra para eludir la condena.

La instrumentalización de la jurisdicción indígena también se habría evidenciado en otros casos. El exjefe paramilitar Jhon Freddy Pabón, alias Toño, buscó ser trasladado a un resguardo para beneficiarse de condiciones más favorables de reclusión. La Corte Suprema calificó su solicitud como un “camuflaje” para aprovechar la jurisdicción especial y evadir una sentencia más severa, advirtiendo que permitirlo abriría la puerta a la criminalidad en ese ámbito sociocultural.

En La Guajira, el expolicía wayúu Heller Ramiro Cambar, vinculado al narcotráfico, intentó evitar su extradición a Estados Unidos apelando a su identidad indígena. Sin embargo, los líderes wayúu rechazaron asumir su caso bajo el sistema tradicional, y la Corte Suprema finalmente autorizó su extradición tras comprobar su implicación en el envío de grandes cargamentos de cocaína.

El fenómeno no se limita a individuos, según información conocida por El País de Cali. El grupo conocido como Los Herederos utilizó documentos antiguos para autoproclamarse como resguardo indígena, bajo el nombre “Gran Jardín de la Sierra”. Con esta fachada, vendieron títulos de bosques protegidos y causaron daños ambientales de grandes proporciones, llegando a ofrecer terrenos por hasta $15 millones.

El mecanismo detrás de estas maniobras se apoyaría en la facilidad para obtener certificaciones de pertenencia a resguardos. La Constitución de 1991 reconoce la jurisdicción especial indígena, pero establece que no puede contradecir la Carta Política ni las leyes nacionales.

Sin embargo, expertos en derecho penal y constitucional advierten que la falta de control sobre la emisión de certificados y la proliferación de resguardos han creado zonas grises que facilitan el abuso.

Jorge Luis Yarce, docente y politólogo, señala que la pertenencia a un resguardo, antes determinada por ascendencia, ahora puede basarse en la autoidentificación, lo que ha abierto la puerta a interpretaciones laxas y a la aparición de un mercado negro de certificaciones. “El problema es conseguir la autoridad que otorgue el certificado y ahí es donde puede aparecer el negocio”, advierte Yarceal diario regional.

El abogado penalista Francisco Bernate también advirtió sobre la necesidad de que la Corte Constitucional delimite con precisión el alcance de la jurisdicción indígena para evitar la impunidad.

“La cosmovisión no puede suponer una afrenta a los derechos humanos y violar niños es una afrenta a los derechos humanos. La Justicia ordinaria tiene que perder el miedo a judicializar esos eventos”, afirmó Bernate a El País.

La jurisprudencia, como la sentencia T-921 de 2013, ha intentado fijar límites al ejercicio de la jurisdicción indígena, pero la experiencia reciente muestra que los vacíos normativos han sido aprovechados por delincuentes con la complicidad de resguardos permeados por la corrupción, según el abogado Víctor Eduardo Duarte.

El crecimiento acelerado de resguardos indígenas en Colombia también responde a intereses económicos. En 2023 se registraron 846 resguardos constituidos, cifra que aumentó a 872 en 2024 y a 934 en 2025. Expertos advierten que la proliferación de estas entidades, en ocasiones motivada por el acceso a regalías y recursos estatales, ha generado un entorno propicio para irregularidades y fraudes.

Este contexto ha tenido consecuencias negativas para las comunidades indígenas, que enfrentan estigmatización por los casos de corrupción y manipulación. Un dirigente indígena del Cauca, que prefirió no ser identificado, lamentó que organizaciones débiles sucumban a intereses personales y económicos, lo que termina afectando la imagen de los pueblos indígenas en general.