
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, puso sobre la mesa una serie de advertencias disciplinarias contra altos funcionarios del Ejecutivo al referirse a la situación de varios ministros del Gobierno Petro.
Sus declaraciones se conocieron durante una entrevista en el programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, en vísperas de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.
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El jefe del Ministerio Público señaló que en la entidad existen múltiples quejas por presunta participación en política, por lo que en su relato incluyó un dato que concentró la atención: “Hay varias (quejas) contra varios ministros y uno tiene varios procesos ya abiertos”.
Eljach añadió que el estado de esas actuaciones disciplinarias presenta distintos niveles de avance. Según explicó, algunos casos se ubican en fase de calificación, otros permanecen en etapa de indagación preliminar y otros avanzan hacia investigación formal dentro de la entidad de control.

El procurador precisó que existen 89 investigaciones abiertas contra servidores públicos por presunta participación en política, una cifra que incluye distintos rangos de responsabilidad y cargos dentro del Estado.
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Procesos disciplinarios avanzan en distintas etapas
Gregorio Eljach insistió en que parte de esos procesos se acerca a decisiones de fondo: “Hay algunos que están cerca al pliego de cargos”, indicó al describir el nivel de avance de varias actuaciones que revisa el ente disciplinario.
Sobre la demora en los casos, explicó que se debe a que cada proceso debe pasar por una etapa de investigación en la que se analiza con detalle qué es lo que está ocurriendo. En ese sentido, señaló que las indagaciones se abren precisamente para esclarecer los hechos, pero que es necesario contar con un soporte probatorio sólido que respalde cada actuación dentro del proceso.
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Eljach señaló durante el encuentro: “No es lo mismo un testimonio, que sirve de medio de prueba, de lo que yo vi hoy a lo que yo me acuerde entre diez años; cuando me llamen a declarar, de pronto ya ni estoy. Entonces, yo lo que hago es la invitación a que actuemos rápido, a que los funcionarios nuestros sean más ágiles sin romper las reglas del debido proceso”.
“Tengo la aspiración de que eso sea rápido y que Colombia se entere de esos resultados, no sé si positivos o negativos, pero habrá”, dijo durante la entrevista en la cadena radial en mención, al referirse a la necesidad de que las determinaciones se conozcan en el corto plazo.
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Además, el procurador explicó que no toda participación en política está prohibida, ya que existen formas legítimas de participación ciudadana. En ese sentido, señaló que “el voto es una obligación constitucional y eso es la mayor participación en política”, al destacar que el ejercicio democrático hace parte esencial de los derechos ciudadanos y del funcionamiento del sistema político.
Qué sí y qué no es participación política en servidores públicos
Sin embargo, advirtió que existen límites claros para los servidores públicos, especialmente cuando se trata de influir en contiendas electorales: “Hay cosas que no se deben hacer, que están prohibidas. Por eso se llama indebida participación”.
Igualmente, detalló que varias de las conductas que constituyen faltas disciplinarias, como hacer proselitismo —acción de intentar convencer o atraer a otras personas para que apoyen una causa o partido— desde cargos públicos o usar recursos del Estado para favorecer campañas.
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Al respecto, afirmó: “Uno no puede pararse en una tarima siendo servidor público, hacerle campaña a favor o en contra de un candidato (…) no puede un alcalde coger los recursos de la alcaldía para favorecer o desfavorecer una candidatura”.

El procurador explicó que la libertad de expresión en redes sociales está protegida, pero no es absoluta cuando se trata de funcionarios. Señaló que “se protege el ámbito familiar, individual, de intimidad, de privacidad, pero eso tiene un límite”, al aclarar que lo privado no siempre tiene consecuencias disciplinarias.
Para ilustrarlo, comparó el uso de medios personales con el uso de recursos oficiales, dijo que “si tú usas tu carro particular y en tu carro transportas a un elector (…) no trasciende al mundo de la disciplina. Pero si el carro es oficial (…) ahí sí trasciende”, al marcar así la diferencia entre lo privado y lo institucional.
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En el caso de las redes sociales, precisó que también se protege su uso personal como espacio de expresión, pero sin abusar del poder del cargo. Afirmó que “las redes (...) aquí se protege el derecho a la expresión libre”, aunque recordó que la línea roja se cruza cuando un servidor público usa su influencia para incidir en política o presionar decisiones electorales.
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