
Durante el 6 de mayo de 2026 se confirmó el asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista y estudiante universitario de 23 años, en un hecho que tiene en alerta a la población de Antioquia ante los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas con fuerte presencia de grupos armados en Colombia.
El joven, que se desempeñaba como director de la revista digital El Confidente, desapareció el martes 5 de mayo mientras documentaba los recientes enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en el norte del departamento, de acuerdo con información revelada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).
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Además, se confirmó que el cuerpo permanece sin ser recuperado debido a la falta de acompañamiento de las autoridades locales, lo que fue ampliamente cuestionado por organizaciones de defensa de derechos humanos y representantes políticos, que exigen condiciones seguras para esclarecer el crimen y proteger la labor de la prensa en el territorio nacional.

Vecinos de la zona y periodistas informaron al diario local El Colombiano que Pérez Rueda fue retenido alrededor de las 7:00 p. m. del martes en la vereda El Hoyo, cerca de Palmichal, jurisdicción de Briceño, por hombres del Frente 36 al mando de alias Primo Gay, vinculado al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
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Los testimonios indican que el periodista habría sido torturado y asesinado frente a miembros de la comunidad. Tras el crimen, los responsables solicitaron una motocicleta para trasladar el cuerpo y ordenaron que fuera sepultado en la zona.
El periodista no recibió acompañamiento en su labor
Testigos afirmaron a El Colombiano que el periodista había sido advertido, por funcionarios de la Alcaldía de Briceño, sobre el grave riesgo que implicaba desplazarse a Palmichal. Pese a la advertencia, el joven se dirigió hasta la zona para documentar los combates ocurridos el lunes 4 de mayo en la madrugada, en los que murió un soldado profesional y fue abatido alias El Turco, cuarto cabecilla del Frente 36 y hombre cercano a Primo Gay, según reportes del Ejército Nacional.
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Cabe mencionar que el joven había denunciado acoso y presión en Yarumal. Incluso, dos años antes del fatal ataque aseguró haber recibido tutelas, denuncias y exigencias para que retirara publicaciones y revelara fuentes, una situación que lo llevó a buscar apoyo en la Flip.
Tras conocer el fatal hallazgo, la senadora Isabel Zuleta exigió a través de su cuenta de X que la Personería Municipal acompañe la recuperación del cuerpo y sostuvo: “No puede haber excusas frente a la dignidad de las víctimas ni frente al acceso a la justicia”.
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La Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja están organizando una misión humanitaria junto a la familia para acceder al lugar, en espera de garantías mínimas del Ejército Nacional para permitir la entrada al peligroso sector.

Periodistas en riesgo
La muerte de Pérez Rueda se suma a los ataques contra comunicadores y líderes sociales en el norte de Antioquia, donde se han registrado asesinatos, desplazamientos forzados y ataques con explosivos.
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Otro de los casos más sonados terminó con la condena de 43 años y 6 meses de prisión en contra de Ledinwint Yesith Díaz Mercado, por el asesinato del periodista Mardonio Mejía Mendoza el 24 de enero en Sucre, caso en el que la víctima fue atacada a tiros en su propio domicilio.

Estos casos se convierten en ejemplo del alto nivel de vulnerabilidad de los periodistas regionales que cubren conflicto armado, que suelen desempeñar su oficio sin el apoyo de las Fuerzas Militares ni las autoridades locales, lo que los lleva a ser identificados por los grupos criminales, que los amenazan hasta atacarlos.
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El llamado de la sociedad civil y organizaciones defensoras de la libertad de prensa es claro: se exige el esclarecimiento inmediato de los hechos, la recuperación digna del cuerpo de la víctima y garantías efectivas para el ejercicio periodístico en las diferentes regiones del territorio nacional.
Millonaria recompensa
La Secretaría de Seguridad Justicia y Paz de Antioquia ofreció hasta $300 millones de recompensa por información que permita la ubicación, judicialización y captura de Jhon Chala, conocido como alias Víctor Chala, señalado como integrante de las disidencias de las Farc de alias Calarcá y de participar en la desaparición del periodista Mateo Pérez.
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