Expertos explican las razones por las que la Corte Constitucional tumbó el aporte solidario de energía del Gobierno Petro

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto del llamado “aporte solidario” de energía abrió un nuevo debate jurídico y económico sobre las facultades del Gobierno nacional para imponer cargas tributarias durante estados de emergencia.

Expertos del sector consultados por la Revista Semana consideran que el fallo también representa un mensaje de seguridad jurídica para las empresas energéticas y para los inversionistas que siguen atentos la estabilidad regulatoria del país.

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos el Decreto 044 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro dentro de la emergencia económica decretada por la crisis energética y climática.

La norma contemplaba medidas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica y creaba una contribución especial para algunos actores del sector. Según información publicada por Semana, la decisión generó reacciones inmediatas entre analistas jurídicos, empresarios y representantes de la industria energética.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los expertos tiene relación con los criterios constitucionales que debía cumplir el decreto para mantenerse vigente. El análisis jurídico se concentró en establecer si el Gobierno realmente demostró la necesidad, proporcionalidad y conexidad de las medidas adoptadas durante la emergencia económica.

La abogada María Alejandra Pedraza, asociada de Holland & Knight, explicó que uno de los elementos determinantes fue que la Corte ya había tumbado previamente el decreto que sustentaba la declaratoria de emergencia económica. Esto produjo una “inexequibilidad por consecuencia”, dejando sin soporte jurídico varias de las normas derivadas de esa declaratoria.

No obstante, Pedraza también señaló que existieron reparos de fondo frente a la estructura misma del aporte solidario. Según explicó, las medidas no demostraban de forma clara una relación directa con las causas específicas de la emergencia y tampoco justificaban plenamente la necesidad de acudir a mecanismos extraordinarios cuando existían alternativas ordinarias dentro del marco institucional.

Expertos advierten que la Corte envió un mensaje claro sobre los límites que tiene el Ejecutivo para crear impuestos mediante decretos de emergencia. Para varios analistas, el fallo reafirma que las facultades excepcionales del Gobierno deben estar sometidas a controles constitucionales estrictos y no pueden utilizarse como mecanismos permanentes de recaudo.

Otro aspecto cuestionado fue el impacto desigual que podía tener la contribución sobre determinadas compañías del sector energético. Pedraza explicó que el decreto imponía una carga focalizada sobre algunos actores sin una justificación suficientemente robusta, generando dudas sobre el cumplimiento del principio de equidad tributaria.

El debate también volvió a poner sobre la mesa el alcance del artículo 215 de la Constitución, que permite al Ejecutivo crear o modificar tributos en medio de estados de excepción. Sin embargo, especialistas recuerdan que dichas medidas deben ser temporales, indispensables y directamente orientadas a conjurar la crisis que motivó la emergencia.

Para el sector energético, la decisión elimina una carga financiera que generaba incertidumbre sobre la rentabilidad de proyectos y sobre la estabilidad regulatoria en Colombia. Analistas consideran que el fallo podría mejorar la percepción de seguridad jurídica entre inversionistas nacionales y extranjeros.

En materia económica, la decisión de la Corte también podría tener efectos importantes para las empresas que alcanzaron a cumplir parcialmente con las obligaciones creadas por el decreto. Pedraza señaló que la sentencia tendría efectos retroactivos, lo que abriría la puerta a devoluciones o compensaciones económicas.

La experta explicó que la Dian tendría un plazo aproximado de seis meses para habilitar mecanismos de devolución o compensación de los valores recaudados bajo la figura del aporte solidario. Asimismo, algunas compañías podrían acceder a descuentos tributarios equivalentes al valor económico de la energía entregada en especie durante la vigencia temporal de la norma.

El fallo llega además en un momento sensible para el sistema energético colombiano, marcado por preocupaciones sobre abastecimiento, tarifas y efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño. Precisamente, algunos gremios venían advirtiendo que medidas extraordinarias como el aporte solidario podían afectar la confianza empresarial y la inversión en infraestructura energética.

Aunque el Gobierno Petro defendía el decreto como una herramienta necesaria para enfrentar la coyuntura energética y garantizar la continuidad del servicio público, la decisión de la Corte Constitucional redefine el panorama jurídico y obliga al Ejecutivo a replantear parte de su estrategia frente a futuras emergencias económicas.

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