
Una filtración de datos personales y la posterior difusión de mensajes intimidatorios, al parecer, por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) encendieron las alertas en el país por posibles afectaciones a derechos fundamentales de trabajadores sindicalizados.
La información, conocida por Infobae Colombia, involucra a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Sociedades Fiduciarias en Colombia (Sintrafiudiciarios), que habrían quedado expuestos tras la divulgación no autorizada de documentos reservados.
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Según los reportes, el sindicato presentó una solicitud formal ante el Ministerio del Trabajo y ante Fiduprevisora -entidad administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Ellos advierten que información personal de al menos 47 trabajadores se hizo pública sin autorización; estos datos formaban parte de un expediente en trámite que debía permanecer bajo medidas de reserva.

El sindicato indicó que la exposición de estos datos generó riesgos para la integridad de los trabajadores, sus familias y su estabilidad laboral. También señaló que la información contaba con protección legal según la Ley 1581 de 2012, norma que regula el manejo de datos personales.
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Los amenazantes mensajes que recibieron por plataformas de mensajería
Horas después de la denuncia, aparecieron mensajes en WhatsApp enviados desde números desconocidos. Estos textos incluyeron amenazas directas y referencias a estructuras armadas ilegales, como el ELN,
Uno de los mensajes que Infobae Colombia conoció señala de forma textual: “Son declarados objetivo militar”. En el mismo texto se leen frases como: “No vamos a permitir que se salga con la suya” y “liberación o muerte”.
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También aparece el siguiente fragmento: “En respuesta a la agresión y el crimen imperialista de los políticos que sufre el país, nuestra Dirección Nacional, se permite informar que a los ladrones de cuello blanco les ha llegado la hora de pagar por sus crímenes, no vamos a permitir que se salga con la suya (...) todos y cada uno de los causantes de este crimen que fueron denunciados a la opinión pública el 26 de abril de 2026 por la prensa nacional y que ahora están atornillados para seguir robando (sic)”.

El chat que se conoció agrega otra línea: “Objetivos como principales delincuentes los siguientes nombres plan pistola”, seguida de una lista de personas que harían parte del grupo sindical. Este elemento incrementó la preocupación entre los afectados y sus organizaciones.
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La imagen y los símbolos presentes en los mensajes guardan relación con el ELN; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de los mensajes ni sobre la identidad de quienes los enviaron.
La coincidencia entre la filtración de datos y la aparición de las amenazas elevó el nivel de gravedad del caso; por lo que el sindicato advirtió que esta situación puede constituir un patrón de intimidación contra trabajadores sindicalizados. También alertó sobre posibles afectaciones al ejercicio de la libertad sindical.
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Ante los hechos, el sindicato solicitó la intervención de varias entidades, entre ellas se encuentran la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. También pidió acompañamiento de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Estas solicitudes buscan esclarecer la filtración de los datos y determinar el origen de los mensajes. Además, pretenden garantizar medidas de protección para los trabajadores afectados, pero hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre el caso.
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La posible relación con denuncias de corrupción en la Ungrd y la Fiduprevisora
Aunque no existe confirmación oficial sobre una relación directa entre las amenazas recibidas por trabajadores sindicalizados y otros hechos, la secuencia de eventos coincide con la divulgación de información sobre un presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), revelado por Caracol Radio el 26 de abril de 2026.

Esa investigación expone la existencia de 25 contratos de obra que, según los hallazgos, habrían seguido un mismo esquema y comprometido más de un billón de pesos durante la gestión del exdirector Olmedo López, con ejecución a través de Fiduprevisora.
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Aunque las autoridades no establecen vínculos entre ambos casos, la coincidencia temporal sugiere que la difusión de estos hallazgos pudo generar reacciones adversas en sectores involucrados o mencionados en las denuncias, sin que hasta ahora exista prueba que permita afirmar una conexión directa entre los hechos.
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