
Cambio Radical expuso en el Congreso un panorama que considera alarmante por la escalada de intimidaciones y ataques armados contra varios de sus integrantes en distintas regiones del país.
La advertencia fue hecha por el senador Carlos Fernando Motoa, quien aseguró que la situación involucra episodios recientes que han puesto en riesgo a miembros de las bancadas de Senado y Cámara, en medio del incremento de presencia y acciones de estructuras criminales.

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Según el legislador, el problema no es aislado ni eventual, pues calificó como “sistemáticos” los episodios que han involucrado a integrantes del partido en los últimos meses. Motoa mencionó los casos que afectaron al congresista Julio César Triana y al senador Temístocles Ortega, junto con nuevas amenazas que, asegura, se ciernen contra otros miembros de la colectividad. Para el senador, estas situaciones evidencian un deterioro de las condiciones de orden público en departamentos como Huila, Cauca y Valle del Cauca.
Motoa afirmó ante la Comisión Primera del Senado que “hay abandono del Ministerio de Defensa” en zonas claves donde operan grupos armados ilegales, lo que a su juicio ha facilitado que organizaciones criminales ejerzan presión y amenazas contra figuras políticas. El congresista sostuvo que este panorama demanda una respuesta concreta del Gobierno nacional, especialmente en regiones donde coinciden disputas entre estructuras armadas y limitaciones de la fuerza pública para garantizar seguridad plena.

En su intervención, Motoa también señaló que, además de las intimidaciones por parte de actores armados, algunos partidos de oposición sienten que están siendo acosados o hostigados por funcionarios del Gobierno, incluido el propio presidente Gustavo Petro, según su versión. El senador explicó que esta combinación de presiones institucionales y amenazas criminales afecta la participación política y genera preocupación sobre la capacidad de realizar una contienda electoral con garantías suficientes.
Uno de los episodios recordados durante su intervención fue el atentado del 13 de agosto contra el congresista Julio César Triana. El legislador transitaba por la vía entre La Plata y Paicol, en el occidente del Huila, cuando su vehículo blindado fue atacado por hombres armados pertenecientes a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco. El automotor recibió múltiples disparos, pero Triana resultó ileso gracias a la capacidad de protección del vehículo y las maniobras de su equipo de seguridad.
El presidente Gustavo Petro se refirió en su momento a ese hecho y sostuvo que Triana habría ingresado accidentalmente a un retén guerrillero, lo que lo convirtió en blanco de los disparos. Sin embargo, el congresista rechazó esa explicación y calificó el ataque como un atentado directo en su contra. Este episodio, mencionado nuevamente por Motoa, es utilizado como ejemplo de la gravedad del escenario que enfrenta la colectividad.
El senador también recordó que en días recientes se registró un ataque en Popayán contra la caravana del senador Temístocles Ortega. Según su testimonio, dos vehículos interceptaron su esquema de seguridad en un sector cercano al acceso a la capital del Cauca. Desde esos automotores, los agresores abrieron fuego con armas largas y cortas, ocasionando seis impactos en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección. A pesar de la emboscada, el conductor y el escolta lograron reaccionar y liberar el paso para permitir la huida de la comitiva.

Motoa señaló que este tipo de hechos demuestran la persistencia de una disputa que involucra a grupos armados que buscan reforzar su presencia en zonas donde existió influencia histórica de organizaciones insurgentes. Aseguró que algunos sectores han advertido desde hace meses sobre el incremento de acciones violentas en el suroccidente, y reiteró que este fenómeno debía ser atendido con mayor urgencia por el Gobierno nacional.
El congresista mencionó que hace cerca de un año y medio presentó un debate sobre la situación de orden público en el Valle del Cauca y la región del Pacífico, en el cual expuso información sobre el fortalecimiento de estructuras irregulares. Según su apreciación, las advertencias de ese momento coinciden con lo que ocurre actualmente, por lo que reiteró la necesidad de revisar estrategias de seguridad que permitan reducir la capacidad operativa de los grupos armados que actúan en estas zonas.
Finalmente, Motoa expresó que los hechos documentados hasta ahora obligan a los partidos políticos y a las instituciones del Estado a evaluar medidas adicionales que garanticen el ejercicio democrático sin presiones ni riesgos para los aspirantes y sus equipos. La atención se centra ahora en la preparación del periodo electoral de 2026, que avanza en medio de un creciente clima de tensión por motivos de seguridad.
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