Indumil reconoció fallas en manejo de armas y explosivos y dio explicaciones: “Implica un riesgo real para la seguridad pública”

Las recientes denuncias sobre irregularidades en el manejo de inventarios de material bélico en la Industria Militar de Colombia (Indumil) puso en el centro del debate la gestión y control de armas y explosivos en el país.

Un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia advierte sobre la existencia de más de 12.000 elementos fuera de control, entre armas, granadas y bombas de aviación, en la planta Santa Bárbara de Sogamoso, Boyacá.

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La gravedad de los hallazgos, clasificados como de alto riesgo penal y de seguridad nacional, obligó a Indumil a responder públicamente y a detallar las acciones emprendidas ante las autoridades.

La entidad militar, a través de un comunicado, reconoció la existencia de material obsoleto que debía haber sido destruido y que fue hallado en sus almacenes.

“La Industria Militar – INDUMIL – informa que, frente a las recientes publicaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de inventarios de material bélico en los años 2022-2023, donde aún se encuentra sin definir si hubo alguna sustracción de dicho material o si este se halla almacenado sin haber sido destruido, ya que forma parte del inventario; se mantienen activos de manera diligente, todos los mecanismos de control de inventario y puesto oportunamente los hechos en conocimiento de las autoridades competentes”, afirmó Indumil en el documento.

El informe de la Secretaría de Transparencia, enviado a la Fiscalía General de la Nación, detalla que “estas bombas, algunas identificadas como MK-81 y BDU de entrenamiento, deberían estar bajo estricto control y manejo especializado de artefactos explosivos. Su permanencia sin registro implica un riesgo real para la seguridad pública y la defensa nacional”, según consta en el comunicado.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron diez bombas de aviación de entre 113 y 227 kilogramos (250 y 500 libras), algunas con carga activa, almacenadas fuera del sistema oficial de inventario, así como 502 granadas de 40 milímetros que salieron del inventario sin autorización, 46 granadas de mortero de 60 milímetros dadas de baja desde 2022 pero aún almacenadas, y 7.256 cuerpos de granadas sin trazabilidad ni registro contable, algunos con hasta quince años de almacenamiento.

La denuncia también señala que, según el acta Synergy 02.829.093 del 19 de diciembre de 2023, funcionarios de la Fábrica Santa Bárbara dejaron constancia de la supuesta fundición y destrucción de armamento menor obsoleto, equipos optrónicos y sus accesorios.

Entre las personas que firmaron la denuncia están: el gerente de la planta en ese momento, el coronel (r.) Rubén Alonso Mogollón Araque; el director de seguridad física, el mayor (r.) Bernardo Siachoque Celys; y directores de fundición, servicio, control de calidad y producción, jefes y cinco ingenieros.

Sin embargo, una comisión con participación de la Policía Judicial visitó posteriormente la planta y encontró que el material reportado como destruido —en especial más de 4.000 cargadores de fusil M16— no había sido fundido. El armamento estaba almacenado en cajas, en buen estado y sin señales de alteración ni inutilización.

Ante la magnitud de las anomalías, Indumil aseguró que “desde el mes de mayo del año 2025, INDUMIL, realizó las denuncias y reportes correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional”, según informó Indumil.

Además, la entidad subrayó que “adelanta acciones administrativas internas para fortalecer los mecanismos de control y protección de los inventarios”, y reiteró su “compromiso permanente con la transparencia y lucha contra la corrupción, así como el fortalecimiento de las investigaciones para proteger los intereses del Estado colombiano”.

La Secretaría de Transparencia, encabezada por Andrés Idárraga, advirtió en su informe que la falta de control y trazabilidad del armamento facilita escenarios de corrupción y uso ilícito de armas, y que el riesgo trasciende lo administrativo, requiriendo una revisión exhaustiva por la posible pérdida, desvío o manipulación irregular de material bélico, hechos que podrían derivar en delitos graves y poner en riesgo la seguridad nacional.