
Después de una serie de operativos judiciales en los almacenes Lili Pink, las autoridades decretaron extinción de dominio y medidas cautelares sobre más de 400 locales y activos vinculados a la cadena por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) el 29 de abril de 2026, una vez la Fiscalía General de la Nación finalice la etapa de incautación, la organización vinculada al Ministerio de Hacienda asumirá la administración de los bienes.
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Durante este periodo, la SAE aseguró que los establecimientos seguirán funcionando con normalidad mientras se determina el destino final de la marca: “El plan de administración que eventualmente se adopte dependerá del diagnóstico integral que realice la entidad sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección del valor de los activos”.

Administración de los activos
Según el comunicado oficial, la SAE realizará un diagnóstico integral sobre la situación financiera, contractual, laboral y operativa de la cadena, con el objetivo de determinar la viabilidad y el mejor aprovechamiento de los activos.
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El plan de administración será definido a partir de los resultados de este análisis y de la evaluación de la capacidad productiva de la marca Lili Pink. La función principal de la SAE será preservar la continuidad de las actividades comerciales de la marca y proteger el valor de los bienes durante el tiempo que permanezcan bajo custodia estatal.
La entidad recalcó que el proceso se llevará a cabo en cumplimiento estricto de la ley y en aras de asegurar el mayor beneficio para el interés público. La SAE asume la responsabilidad de administrar los activos conforme a los principios de legalidad y protección patrimonial.
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Protección de derechos laborales y supervisión de organismos de control
En su pronunciamiento, la SAE indicó que mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo para evaluar la situación laboral de los empleados de la marca y avanzar en acciones para garantizar sus derechos. Asimismo, la entidad informó que solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para reforzar la vigilancia y la transparencia del proceso administrativo.
La finalidad de estas gestiones es asegurar el cumplimiento de obligaciones sociales y laborales, así como la integridad del manejo de los activos incautados. La presencia de estos organismos de control permitirá reducir riesgos y fortalecer la confianza pública en la administración estatal de los recursos.
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¿Qué pasará con las tiendas y la marca Lili Pink?
La Fiscalía General de la Nación y la SAE confirmaron que los locales, activos y operaciones vinculados a Lili Pink seguirán funcionando normalmente durante el avance del proceso judicial. De acuerdo con la información oficial, los bienes “continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social”, por lo que las tiendas podrán mantenerse abiertas y conservar su operación habitual, salvo decisión contraria de la administración estatal o los jueces.
Por su parte, Lili Pink afirmó que está afrontando el proceso con el respaldo de sus asesores legales. La compañía solicitó apoyo para proteger la marca y los más de 20 años de trayectoria, así como los miles de empleos directos e indirectos generados, según declaraciones recogidas por la Fiscalía.
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Se precisa que las medidas de extinción de dominio no constituyen una condena penal, sino que tienen como propósito esclarecer el origen y la legalidad de los bienes afectados, por lo que el debate judicial continuará hasta que se determine si los activos permanecen bajo administración estatal o retornan a los antiguos propietarios por decisión de la justicia colombiana.

Así va el proceso
Según la Fiscalía General de la Nación, se dictaron medidas de extinción de dominio sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad relacionados con Lili Pink. Los procedimientos fueron desplegados en 59 municipios de 25 departamentos con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.
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Las investigaciones indican que se habría ingresado mercancía al país de manera irregular, a través de una red de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. De acuerdo con la Fiscalía, las maniobras habrían incluido la evasión de controles aduaneros, la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales.

Entre los delitos señalados se encuentran lavado de activos por un monto estimado en más de $730.000 millones, presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones, decomisos de mercancía por $54.000 millones y posible contrabando por encima de $75.000 millones, conforme a la información oficial. Además, la Fiscalía reportó que se emitieron órdenes de captura contra presuntos responsables, que enfrentan procesos ante jueces de control de garantías.
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