Una serie de ataques armados y atentados con explosivos perpetrados por hombres de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, sacudió el suroccidente colombiano entre el 24 y el 28 de abril de 2026, según reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Los hechos, documentados en diferentes municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, evidencian el repunte de la violencia atribuida a estructuras armadas luego de la firma del Acuerdo de Paz, y ad portas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el domingo 31 de mayo de 2026.
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De acuerdo con la cronología elaborada por Indepaz, y que se compartió a través de un carrete en su cuenta de Instagram, la ola de violencia comenzó el viernes 24 de abril de 2026, cuando se registraron ataques con cilindros bomba y artefactos explosivos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, así como hostigamientos armados en Miranda y Corinto, todos en el Valle del Cauca y el Cauca.
En esos hechos, los responsables señalados fueron el Frente Jaime Martínez, el Frente Adán Izquierdo y el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas.
El sábado 25 de abril, la escalada de ataques se extendió a otras localidades del Cauca.
El Tambo, Patía, Suárez, Padilla, Miranda, Guachené, Corinto, Cajibío, Caloto y Mercaderes fueron escenario de acciones violentas que incluyeron incendios, hurtos, explosiones masivas, instalación de retenes ilegales y hostigamientos contra la policía con fusiles, drones y artefactos explosivos.
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En Jamundí y Palmira (Valle del Cauca), se reportaron detonaciones y hallazgos de explosivos en instalaciones militares.
Por tal motivo, desde el Instituo se atribuyó la mayoría de estos hechos a los frentes Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Andrés Patiño del Bloque Occidental Jacobo Arenas, lideras por Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados por las autoridades colombianas.
Durante esa misma jornada, se documentaron ataques múltiples en Taminango y Pasto (Nariño), como el lanzamiento de explosivos y detonaciones en estaciones policiales y de servicio. Esos incidentes fueron atribuidos al Frente Franco Benavides del mismo bloque armado.
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El domingo 26 de abril, la violencia continuó con un atentado con vehículo bomba y drones en Argelia (Cauca); la quema de un camión de carga sobre un puente en Jamundí (Valle del Cauca); y una masacre en un establecimiento público del sector El Hobo en Toro (Valle del Cauca), donde hombres armados dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.
El reporte de Indepaz señala que, en algunos casos, la autoría directa de los hechos aún no había sido determinada.
El lunes 27 y martes 28 de abril, la secuencia de atentados se mantuvo con ataques explosivos contra puentes y vías en Taminango (Nariño); atentados con granada contra instalaciones empresariales en Pasto; incineración de vehículos en Dagua (Valle del Cauca); hostigamientos armados en Inzá y desactivación de artefactos explosivos en Villa Rica y Santander de Quilichao (Cauca).
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La mayoría de estos eventos fueron atribuidos al Frente Franco Benavides y al Frente Jaime Martínez.
Según la información recopilada por el instituto, los ataques se caracterizaron por el uso de explosivos, drones y armas de fuego contra objetivos civiles, policiales y militares, lo que ha generado preocupación en estos puntos de la región Pacífica por la capacidad operativa y la coordinación de las estructuras bajo el mando de Iván Mordisco.
El organismo observador resaltó que la utilización de drones y explosivos en áreas rurales y urbanas representa un desafío significativo para las autoridades y la población civil, y más cuando la seguridad se ha visto afectada por la reconfiguración de grupos armados que emergieron tras la desmovilización de las Farc-EP.
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El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reiteró en su informe que “el uso de drones y explosivos indiscriminados en zonas rurales y urbanas revela una absoluta degradación moral, donde el terrorismo se impone sobre cualquier principio de humanidad y respeto por la vida”.
Por todo lo anterior, se ha solicitado la intervención de entidades estatales y organismos internacionales para atender la situación humanitaria y prevenir una escalada aún mayor de violencia en el suroccidente colombiano.
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