Fiscalía envió a la Corte Suprema el proceso contra Álvaro Uribe por presunta implicación en masacre El Aro: la defensa busca desvirtuar señalamientos

Sin que exista aún una audiencia formal, la Fiscalía General de la Nación resolvió enviar el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia, decisión que podría reabrir un largo capítulo judicial por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro.

El caso, que involucra el asesinato de 17 personas el 22 de octubre de 1997 a manos de grupos paramilitares, se reactivó tras la compulsa interna y declaraciones recientes que apuntan nuevamente hacia el exmandatario.

En esta fase preliminar, el ente investigador remitió el expediente vinculado al homicidio de Francisco Villalba —exparamilitar que, en vida, señaló directamente a Uribe Vélez por una supuesta participación en los hechos de El Aro—. Este informe incluye, además de los antecedentes de la masacre, una relación de pruebas y testimonios acumulados desde la época en que era gobernador de Antioquia.

La estrategia de los abogados de Álvaro Uribe si avanza el caso

El equipo jurídico del expresidente Uribe Vélez, encabezado por el abogado Jaime Granados, comenzó a gestionar pruebas que buscan demostrar que su cliente “no está relacionado con la masacre”, según reveló Semana.

Granados solicitó hace casi un mes la ejecución de pruebas iniciales, argumentando su pertinencia y utilidad para la defensa. Dentro de estas solicitudes se encuentra el análisis del historial del principal testigo de la causa, Juan Guillermo Monsalve.

Uno de los ejes centrales del enfoque de la defensa es desmontar la credibilidad de Monsalve, a quien se le reconoce una vida de privilegios durante su reclusión, según documentación aportada. La defensa pidió una copia del expediente que lo vincula como presunto integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la intención de probar que Monsalve fue, en realidad, según determinaciones judiciales previas, “un delincuente secuestrador y no un exparamilitar”, lo que invalidaría sus declaraciones bajo esa condición.

La estrategia también incluye requerir a la Policía Nacional los datos y antecedentes de todos los agentes que formaron parte del esquema de seguridad de Uribe Vélez durante su gestión como gobernador de Antioquia, explicaron fuentes relacionadas al caso al medio citado.

Siguiendo la postura de Granados, dichos uniformados serían testigos clave con conocimiento directo de cada uno de los movimientos del exgobernador, capacidad que permitiría —conforme a la defensa— desvirtuar cualquier presunción de participación en la masacre.

En el recuento probatorio figura la conocida hacienda Guacharacas, mencionada en el proceso como escenario de otros hechos violentos. En particular, se hace referencia a una serie de homicidios presuntamente asociados al hurto de ganado, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como investigaciones disciplinarias a miembros de la Policía y el Ejército relacionados, directa o indirectamente, con el episodio de El Aro.

El precedente de los largos procesos judiciales contra el exmandatario

Este nuevo frente judicial se suma al antecedente inmediato que vivió Álvaro Uribe Vélez, que enfrentó durante cerca de 15 años una acusación por “fraude procesal y soborno en actuación penal”, causa de la que fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Su equipo legal toma estos precedentes como referente al momento de estructurar una defensa que, anticipan, podría extenderse en el tiempo y alcanzar magnitudes semejantes al proceso previo.

De acuerdo con lo comunicado por el propio Uribe Vélez hace seis meses, el expresidente tuvo conocimiento anticipado de la decisión de la Fiscalía de trasladar el caso a la Corte Suprema. En esas declaraciones públicas, el exgobernante descartó de manera contundente cualquier vínculo con la masacre y sostuvo que las investigaciones previas aportaron “pruebas suficientes para desmentir” las acusaciones.

El actual proceso encuentra su razón de ser tanto en la compulsa del órgsano investigativo como en recientes declaraciones del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Este último sostuvo que Uribe Vélez “tenía conocimiento de los asesinatos” y, en sus declaraciones, también mencionó a Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno durante la administración de Uribe Vélez como gobernador, que falleció en un accidente de helicóptero en el Urabá antioqueño en febrero de 2006.

El envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia reavivó la atención sobre la masacre de El Aro y plantea la posibilidad de que se abra otro juicio de gran alcance en la vida pública y judicial de Álvaro Uribe Vélez.