
Los aeropuertos y pasos fronterizos del país tuvieron un año movido. Entre enero y septiembre de 2025, la autoridad migratoria colombiana sumó más de 2.000 decisiones de inadmisión. La cifra, que refleja un escrutinio más estricto en los accesos internacionales, incluye casos asociados a riesgos de seguridad, documentación incompleta y antecedentes por delitos graves.
De acuerdo con Migración Colombia, en ese periodo se impidió el ingreso a 2.674 viajeros extranjeros que no cumplieron con los requisitos exigidos para entrar al territorio nacional. La institución también reportó 227 expulsiones relacionadas con infracciones a las normas migratorias. Aunque la mayoría de estos casos se resolvió por trámites irregulares, hubo un grupo que llamó la atención de las autoridades por su perfil delictivo.
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Entre los inadmitidos se contó a 46 personas señaladas como ofensores sexuales contra niños y adolescentes. Su detección, explicaron las autoridades, fue posible gracias a la herramienta Angel Watch, que permite el rastreo internacional de individuos con historial en este tipo de crímenes. “Así, el Gobierno avanza en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes del país”, señaló la entidad en un comunicado.
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Migración Colombia confirmó la inadmisión de cinco ciudadanos estadounidenses en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. Su entrada fue bloqueada por representar “un alto riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana, por posible condición de ofensores sexuales”.
“Las inadmisiones de estos 46 ofensores sexuales son resultado de una cooperación internacional efectiva y de una labor rigurosa de nuestros oficiales”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, al reafirmar el compromiso institucional frente a la protección de niños y adolescentes.
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Las razones detrás de estas decisiones son diversas. La falta de documentación continúa siendo el principal motivo de inadmisión con 786 casos. A esto se suman viajeros que no presentaron visa cuando era requerida (498) y otros que entregaron información falsa durante el control migratorio (376). Estos incumplimientos, aunque más frecuentes, conviven con situaciones más graves vinculadas a alertas de seguridad internacional.
En el mapa por nacionalidades, Venezuela encabeza la lista con 616 inadmisiones. Le siguen Estados Unidos (346), República Dominicana (266), Cuba (154), México (127), China (119), Ecuador (111), Perú (87), India (47) y Haití (43). Las cifras reflejan, en parte, el volumen de movilidad internacional y también las rutas históricas de migración hacia Colombia, especialmente en el caso venezolano, país con una diáspora cercana a los tres millones de personas asentadas en territorio colombiano.
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Los puntos de mayor actividad también se concentran en las terminales aéreas con más flujo de pasajeros internacionales. Cartagena registró 230 inadmisiones, incluidos 18 casos marcados por alertas específicas. Allí, el Aeropuerto Rafael Núñez aparece junto con El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali) entre los más exigentes en los controles migratorios.

Además de los aeropuertos, la vigilancia se reforzó en pasos fronterizos clave como Rumichaca (Ipiales), Atanasio Girardot (Cúcuta), Simón Bolívar (Norte de Santander), Puente Páez (Arauca) y Paraguachón (La Guajira). En estos corredores, Migración Colombia mantiene medidas que incluyen verificación de identidad, validación documental y cruce de bases de datos internacionales.
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La cooperación con otros países es determinante. Según la autoridad migratoria, el intercambio de información permitió impedir el ingreso de alrededor de 50 personas con notificaciones activas por delitos sexuales. Aunque la mayoría provenía de Estados Unidos, también se identificaron ciudadanos de Nigeria, Reino Unido, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, México y Canadá.
Este cruce constante de alertas, fichas y reportes entre agencias especializadas fortaleció la capacidad nacional para anticiparse al riesgo y actuar antes de que personas con antecedentes penales ingresen al territorio. En ese engranaje, la articulación regional y el uso de plataformas como Angel Watch resultan decisivos para que los controles sean más precisos y las respuestas, más rápidas.
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