La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos se intensificó el viernes 24 de octubre, después de que el representante republicano Mario Díaz-Balart, una de las voces más influyentes del Congreso norteamericano en asuntos de América Latina, respaldara públicamente la decisión del expresidente Donald Trump de imponer sanciones al mandatario colombiano Gustavo Petro y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, acusados de “permitir el avance del narcotráfico en Colombia”.
En una declaración publicada en su cuenta de X, Díaz-Balart celebró la medida adoptada desde Washington y afirmó: “Aplaudo la decisión del presidente Trump de sancionar a Petro y a sus socios por su complicidad con el narcotráfico.”
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El congresista, representante por el estado de Florida y miembro del poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara, añadió que. “el presidente Trump no tolerará a quienes participan en el tráfico de drogas y en otras actividades ilícitas que ponen en peligro vidas estadounidenses y amenazan la seguridad de Estados Unidos y de la región.”
Las declaraciones de Díaz-Balart llegan en un contexto político especialmente delicado. Las relaciones entre Bogotá y Washington entraron en un terreno de fricción tras la inclusión del presidente Petro y varios miembros de su entorno en la llamada lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), una herramienta con la que el gobierno estadounidense sanciona a individuos y entidades involucradas en delitos financieros o vinculaciones con el narcotráfico.
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El respaldo de Díaz-Balart a Trump reforzó la postura del sector más conservador del Partido Republicano, que endureció su discurso hacia varios gobiernos de América Latina, en particular aquellos percibidos como “adversos” a los intereses de Washington o cercanos a posturas progresistas. El legislador de origen cubano ha sido durante años uno de los portavoces más férreos de la línea dura en temas de política hemisférica, con posiciones críticas frente a Cuba, Venezuela y, más recientemente, Colombia bajo la administración Petro.
Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar, una de las voces más críticas del presidente colombiano en el Capitolio, celebró la decisión del gobierno estadounidense de sancionar a Gustavo Petro, afirmando que “la verdad siempre sale a la luz”. En un mensaje publicado en su cuenta de X, la legisladora —conocida por su firme postura frente a los gobiernos de izquierda en América Latina— calificó al mandatario como “marxista, exguerrillero y aliado de narco-terroristas”. Añadió que, “ahora está oficialmente sancionado por Estados Unidos por su rol en el tráfico global de cocaína” y recordó “lo denuncié desde el primer día: Petro es un peligro para Colombia, para la región y para los EE. UU.”. Salazar concluyó con una frase contundente que rápidamente se viralizó: “¡Los narcos no son socios, son enemigos de la libertad!”.
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En Bogotá, el anuncio cayó como una bomba política. Aunque el Gobierno colombiano aún no ha emitido una respuesta oficial a las declaraciones de Díaz-Balart, varios congresistas del Pacto Histórico calificaron la medida como una “intromisión inaceptable” y un intento de “desestabilizar al gobierno legítimo de Colombia”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó poco después con un mensaje en redes sociales en el que reiteró su inocencia y criticó duramente a Estados Unidos. “Todo imperio es injusto”, escribió, insistiendo en que su sanción es una represalia por defender la dignidad del país.
Las sanciones impuestas por la Ofac contemplan el bloqueo inmediato y la obligación de reportar todos los bienes, cuentas e intereses financieros pertenecientes a las personas designadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo la administración de ciudadanos o entidades de ese país. Del mismo modo, cualquier empresa o institución en la que las personas sancionadas posean una participación igual o superior al 50% queda automáticamente sujeta a las mismas restricciones.
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