“Pedían el 10 % para entregar contratos”: Carlos Carrillo ampliará denuncia por corrupción en Fondo Adaptación

El director de la UNGRD acudirá ante la Procuraduría para entregar nuevas evidencias sobre presuntas irregularidades en contratos relacionados con La Mojana

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Carlos Carrillo, director de la Ungrd  - crédito Ungrd/X
Carlos Carrillo, director de la Ungrd - crédito Ungrd/X

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ampliará este jueves 7 de mayo ante la Procuraduría General una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación.

La diligencia fue programada para las 8:50 de la mañana en la sede del organismo de control, ubicada en el centro de Bogotá, donde el funcionario entregará nuevas evidencias para sustentar las acusaciones que presentó hace varias semanas.

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Carrillo aseguró que tiene información sobre el presunto cobro de una comisión del 10 % para garantizar la adjudicación de contratos dentro de la entidad, según información conocida por Revista Semana.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Carlos Carrillo, director de la Ungrd - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La denuncia está relacionada con un contrato para recuperar la dinámica hídrica del río Cauca en la región de La Mojana, uno de los proyectos más importantes en materia de mitigación de inundaciones y adaptación climática.

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El contrato mencionado fue celebrado entre el Fondo Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025.

De acuerdo con la denuncia presentada por Carrillo, funcionarios del Fondo Adaptación habrían exigido recursos económicos al representante legal del contratista, Freddy Alejandro Covilla, equivalentes al 10 % del valor total del negocio.

La cifra señalada en las denuncias alcanzaría los 13.597 millones de pesos.

Las acusaciones del director de la UNGRD se conocieron después de una fuerte confrontación pública con Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Dapre.

Rodríguez aseguró recientemente que Carrillo estaría detrás de un supuesto plan de desestabilización dentro del Gobierno nacional.

Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo de Adaptación - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo de Adaptación - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La funcionaria afirmó que el director de la UNGRD habría tenido un “espía” dentro del Fondo Adaptación para obtener información reservada sobre reuniones y decisiones internas.

“Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, con la información”, señaló Rodríguez durante una entrevista, según información conocida por Revista Semana.

La directora del Fondo Adaptación también aseguró que recibió mensajes y videos relacionados con presuntas estrategias internas para atacarla políticamente.

Rodríguez incluso manifestó temor por su seguridad personal y aseguró que personas dentro del Gobierno tendrían acceso a información sensible y reservada.

En respuesta a esas declaraciones, Carlos Carrillo interpuso una denuncia por injuria contra Angie Rodríguez.

Sin embargo, la diligencia de conciliación programada para el pasado 27 de abril no se llevó a cabo debido a la ausencia del director de la UNGRD.

El caso ha generado fuertes tensiones dentro del Gobierno nacional, especialmente porque involucra a funcionarios de alto nivel en medio de múltiples investigaciones por presuntas irregularidades contractuales.

La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar para esclarecer las denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción dentro del Fondo Adaptación.

La Fiscalía y la justicia logran el reintegro de fondos desviados por corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira - crédito Ungrd
Carlos Carrillo, director de la Ungrd - crédito Ungrd

El organismo busca establecer si existieron exigencias económicas indebidas para la entrega de contratos y determinar qué funcionarios podrían estar involucrados en esos hechos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa la contratación pública relacionada con proyectos de infraestructura y atención de emergencias en regiones afectadas por inundaciones y desastres naturales.

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