UNP rechazó las palabras del gobernador del Guaviare sobre solicitudes de protección: “Cuenta con un esquema robusto”

El atentado del que fue víctima el alcalde de Calamar, Guaviare, Farid Camilo Castaño, sacó a la luz la situación de violencia a la que se enfrentan los mandatarios locales en el país.

Frente a esto, el gobernador de ese departamento, Yeison Rojas, señaló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha atendido las solicitudes de los líderes de esa región del país.

Dichas declaraciones desencadenaron un pronunciamiento oficial de la entidad encargada de la protección de las personas con cierto grado de riesgo en el desempeño de sus labores, en el que aclaró el conducto regular que se sigue para atender las solicitudes de esquemas de seguridad para funcionarios públicos.

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La UNP rechazó las declaraciones de Rojas y, además, aseguró que la asignación de medidas de protección se define en un comité del que hacen parte los ministerios del Interior y de Defensa, así como la Policía Nacional, por lo que las decisiones en esta materia se toman de manera conjunta entre los delegados de cada institución.

“Las medidas de protección que asigna la entidad se definen en un comité interinstitucional del que hacen parte tanto la UNP como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, sin que alguna de estas entidades tome decisiones unilaterales sobre la protección de ningún solicitante”, se lee en el documento divulgado.

En este sentido, la entidad fue enfática al señalar que las solicitudes de los funcionarios no son el único aspecto que se tiene en cuenta para la asignación de esquemas de seguridad. La UNP destacó que la Policía Nacional realiza, en el caso de gobernadores y alcaldes, un estudio de riesgo de acuerdo con las condiciones de violencia de cada región.

Adicionalmente, explicó que dicho estudio es evaluado por el comité interinstitucional para la asignación de las medidas de seguridad, las cuales varían de acuerdo al grado de exposición a hechos de violencia argumentado por la Policía.

“Es de recordar que es la Policía Nacional, la que realiza los estudios de nivel de riesgo a alcaldes y gobernadores. Ese estudio técnico pasa al comité interinstitucional para la recomendación de medidas en concordancia con el nivel de riesgo establecido”, sigue el comunicado oficial.

Por otro lado, la entidad se refirió puntualmente al caso del gobernador del Guaviare y alcalde Castaño y aseguró que la propia UNP se encuentra adelantando los respectivos procedimientos que tengan lugar en cada caso, de manera independiente.

En la misma línea, destacó que ambos funcionarios, así como todos los alcaldes del departamento, cuentan con “con esquemas de protección robustos” que responden a las condiciones de violencia en ese departamento, donde operan grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, quienes perpetraron el atentado en la madrugada del 14 de octubre de 2025.

No obstante, el pronunciamiento de la UNP contrasta con las declaraciones del propio Castaño, alcalde de Calamar, que aseguró que desde el momento en el que asumió el primer cargo de su municipio viene recibiendo un amplio número de amenazas por parte de las estructuras guerrilleras, por lo que el atentado del que fue víctima no es un hecho aislado, sino que es resultado de las alertas que las entidades se negaron a creer.

“Venimos recibiendo amenazas desde el primer momento que asumimos el rol como alcaldes y nos pasó a todos los colegas del departamento y sé que a varios colegas del país. Desde el primer momento somos amenazados y somos objeto de riesgo y hoy lo que se ve es la materialización de estas amenazas, que muchas entidades no creían, que muchas autoridades de pronto no veían con seriedad”, sentenció el mandatario local en el mismo lugar en el que Rojas entregó las declaraciones que fueron rechazadas desde la UNP.