Una mansión de lujo con piscina y acabados de alto nivel fue construida en el corazón de una reserva natural en el corregimiento Golondrinas, al norte de Cali.
El hallazgo, resultado de meses de seguimiento por parte de las autoridades locales, culminó el 17 de septiembre con un operativo de desalojo que puso en el centro del debate la ocupación irregular de cerca de cincuenta mil metros cuadrados de terreno de uso público, según el expediente oficial.
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La intervención, ampliamente documentada por El Tiempo, ha generado interrogantes sobre la legalidad de la construcción y el papel de las autoridades ambientales y judiciales en la protección de los recursos naturales de la región.
Durante los sobrevuelos de reconocimiento realizados por las autoridades, se identificó una mansión de tres pisos, equipada con jacuzi, parqueaderos y una piscina, que ocupaba aproximadamente 1.200 metros cuadrados dentro del predio.
Las imágenes aéreas mostraban techos verdes y azules en medio de la selva, lo que evidenciaba el avance de la obra en una zona protegida.
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) reactivó el proceso de recuperación del bien, al considerar que el terreno pertenece al dominio público.
Según la investigación de El Tiempo, la construcción se encontraba en etapa de acabados al momento del operativo.
Empresario vinculado y estructura empresarial
Detrás de este megapredio figura Mariano Andrés Betancur Álvarez, un empresario con trayectoria en el sector minero. Betancur Álvarez y su hermano aparecen como propietarios de la empresa Carbonera Central del Valle S.A.S., registrada en la Cámara de Comercio de Cali desde febrero de 2010.
De acuerdo con el formulario de renovación mercantil de 2025, la compañía reporta activos por 1.574 millones de pesos y se dedica a la extracción de carbón, el transporte de carga por carretera y el comercio mayorista de combustibles. Ambos hermanos ejercen funciones gerenciales en la firma.
Además, documentos en poder de las autoridades y revisados por El Tiempo indican que Betancur también figura como dueño de la empresa Transporte y Carbones del Norte, y mantiene vínculos con la Compañía Transportadora de Carga S.A., actualmente en proceso de liquidación.
Defensa de Betancur y proceso legal
Consultado por El Tiempo, Mariano Andrés Betancur Álvarez defendió la legalidad de su presencia en el predio y calificó el desalojo como una decisión política. “Siempre ha sido un predio privado.
Así lo ratificó un juez quien decretó la sana posesión del bien desde hace más de 30 años. Y ahora el inspector del corregimiento, saltándose la orden del juez, ordenó el desalojo a pesar de que afuera del predio hay una valla con la decisión judicial”, afirmó el empresario.
Betancur relató que el operativo se realizó el 17 de septiembre, cuando sus hijos menores estaban en el lugar, y denunció que no les permitieron retirar pertenencias personales. “Nos han violado nuestros derechos y no nos han dejado sacar ni siquiera la ropa o las cosas. Nos han tratado de invasores y eso no es cierto”, agregó.
El empresario sostiene que recibió el predio mediante una cesión en 2018 y que ha iniciado acciones legales para demostrar que no ha incurrido en ninguna irregularidad.
Betancur también señaló que fue capturado durante el operativo, aunque posteriormente quedó en libertad al no presentarse argumentos para su detención.
Según información recabada por El Tiempo, entre los recursos interpuestos por Betancur se encuentran tutelas y quejas ante la Procuraduría, con el objetivo de suspender los procesos policivos en su contra.
El proceso legal ha estado marcado por la presentación de múltiples recursos por parte del empresario, algunos de los cuales han sido calificados por jueces como intentos infundados de frenar la acción de las autoridades.
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