En varios sectores de Buenaventura, Valle del Cauca, las huellas del desplazamiento forzado siguen presentes. Barrios como La Vecindad, Bello Horizonte y Nuevo Amanecer, pertenecientes a la comuna 12, tienen decenas de viviendas cerradas y calles con poca presencia de quienes fueron sus habitantes.
La violencia de grupos armados ilegales obligó a más de 90 familias a dejar atrás sus hogares en medio de una crisis de seguridad que se prolongó durante meses.
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En este contexto, la Mesa de Paz de Buenaventura anunció que avanza en un plan que permitiría el regreso de esas familias a sus territorios. El objetivo es establecer un proceso en el que las condiciones de seguridad estén garantizadas y se asegure un acompañamiento integral de las autoridades locales, departamentales y nacionales.
Fabio Cardozo, quien coordina la mesa socio-jurídica de paz en el puerto, explicó en declaraciones recogidas por BLU Radio que el compromiso institucional será clave para lograr ese propósito.
“Vamos a hacer un esfuerzo y espero que las instituciones de carácter departamental y los organismos de seguridad nos acompañen, para que podamos estructurar un proceso que permita a las personas retornar, repoblar sus territorios y continuar con sus vidas”, afirmó.
El trabajo de la Mesa de Paz ha estado orientado a generar condiciones que no solo permitan el regreso físico de los habitantes, sino que también garanticen una estabilidad a largo plazo. Dentro de los planteamientos se incluye la mejora de la movilidad en las comunas más afectadas y la consolidación de oportunidades que impidan nuevas expulsiones de la población.
Uno de los aspectos que ha resaltado Cardozo es la participación de proyectos liderados por mujeres en los procesos de resolución de conflictos. Durante su intervención señaló: “Una propuesta que podamos llevar a la mesa de negociación con las bandas y que se pueda concretar en sustraer a las mujeres de las actividades criminales y ofrecerles mayores garantías de vida digna en Buenaventura”, indicó en diálogo con BLU Radio.
El retorno de estas familias no se concibe únicamente como una reubicación, sino como una estrategia de reconstrucción comunitaria. El proceso incluye el fortalecimiento de la confianza hacia las instituciones y la apertura de espacios de diálogo con los actores que han generado la violencia, en busca de alternativas para frenar la confrontación.
El panorama actual en las comunas 10 y 12 de Buenaventura se mantiene bajo vigilancia constante de las autoridades. La presencia de la fuerza pública en esos sectores ha buscado contener los enfrentamientos que anteriormente llevaron a la salida masiva de familias. Sin embargo, las comunidades han insistido en que el regreso debe estar acompañado de una política clara de seguridad y programas sociales que garanticen la permanencia.
Las experiencias previas en el puerto han mostrado que, en ocasiones, los retornos voluntarios se han visto frustrados por la persistencia de amenazas y la falta de medidas integrales. Por esa razón, el plan de la Mesa de Paz contempla una coordinación directa con el Gobierno nacional para asegurar la implementación de proyectos productivos, acceso a servicios básicos y acompañamiento psicosocial para las personas desplazadas.
En paralelo, distintas organizaciones sociales de Buenaventura han advertido que la salida de los habitantes no solo tuvo un impacto humanitario, sino también económico y comunitario. Las casas desocupadas y los negocios cerrados deterioraron el tejido social, mientras que la pérdida de confianza entre vecinos afectó las dinámicas de convivencia.
El proyecto de retorno busca revertir esa situación, pero el reto principal sigue siendo garantizar que las familias puedan rehacer sus vidas sin miedo a nuevas confrontaciones armadas. El compromiso del Gobierno nacional, en coordinación con las autoridades departamentales, será fundamental para consolidar un escenario estable.
Aunque no se han definido fechas exactas para el inicio del retorno, la iniciativa ya se encuentra en proceso de estructuración y se espera que en los próximos meses se presenten avances concretos. El acompañamiento de la Unidad de Víctimas y de los organismos de seguridad hará parte de la estrategia.
El caso de Buenaventura refleja una de las problemáticas más recurrentes en el Pacífico colombiano: el desplazamiento forzado por la violencia de actores ilegales. Según cifras de la Defensoría del Pueblo y organizaciones comunitarias, miles de personas han tenido que abandonar sus viviendas en los últimos años, lo que convierte al puerto en uno de los epicentros del desplazamiento interno en el país.
Por ahora, los barrios de La Vecindad, Bello Horizonte y Nuevo Amanecer continúan esperando el retorno de quienes los habitaron. Las familias desplazadas confían en que el esfuerzo anunciado por las instituciones se materialice en un proceso sostenible, en el que puedan volver a abrir sus puertas y reconstruir lo que la violencia interrumpió.
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