Corte advierte bajo cumplimiento en seguridad alimentaria para niños wayúu tras sentencia T-302

La Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre la situación humanitaria de la niñez wayúu en La Guajira. La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-302 de 2017, decisión que obliga al Estado colombiano a adoptar medidas para garantizar la vida y los derechos fundamentales de esta comunidad, concluyó que los avances en materia de seguridad alimentaria continúan siendo insuficientes.

De acuerdo con el tribunal, se mantiene un desequilibrio entre las iniciativas del Gobierno nacional y los esfuerzos emprendidos por los municipios.

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Según el reporte, hasta ahora no existe un plan integral que supere el esquema de asistencialismo y las inversiones realizadas no han logrado cubrir las necesidades alimentarias de la niñez en el departamento.

Organizaciones sociales en la región también reaccionaron frente a esta evaluación. En declaraciones recogidas por El Tiempo, Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima en la zona rural de Riohacha, manifestó que la respuesta institucional ha sido limitada.

“Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302”, afirmó.

La sentencia mencionada surgió en 2017 tras múltiples denuncias sobre muertes de menores wayúu por desnutrición y falta de acceso a agua potable. En su momento, la Corte ordenó acciones urgentes para garantizar alimentación adecuada, acceso a servicios de salud y disponibilidad de agua en los territorios afectados. Sin embargo, después de siete años de seguimiento, los indicadores críticos de desnutrición y mortalidad infantil no han disminuido significativamente, lo que motivó el reciente pronunciamiento.

En palabras de José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos Nación Wayúu, la situación sigue siendo alarmante. “No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria”, declaró el vocero en entrevista con El Tiempo.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, recordó que el departamento ha emprendido acciones locales para enfrentar el problema, entre ellas la creación del Fondo de Seguridad Alimentaria. A través de este mecanismo se han distribuido más de 400 toneladas de alimentos en la Alta Guajira. Sin embargo, insistió en que el alcance es limitado si no se cuenta con mayor apoyo del Gobierno nacional. “El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente”, expresó en diálogo con El Tiempo.

El tribunal calificó de “inadmisible” que, pese a haber transcurrido siete años desde la notificación de la sentencia, las cifras de mortalidad y desnutrición infantil en La Guajira no hayan cedido de forma considerable. Según el pronunciamiento, la persistencia de estas condiciones evidencia que los programas ejecutados carecen de sostenibilidad y de un enfoque estructural capaz de transformar la situación.

En la Alta Guajira, comunidades rurales continúan denunciando la falta de acceso regular a agua potable y alimentos. Líderes comunitarios aseguran que las entregas de ayudas humanitarias han sido esporádicas y no cubren la totalidad de las familias afectadas. En varios municipios, madres wayúu han reportado que deben caminar largas distancias para conseguir agua en jagüeyes o esperar a que lleguen carrotanques, lo que agrava las condiciones de salud de los menores.

La Corte, en su informe, reiteró la necesidad de implementar políticas públicas de largo plazo que permitan garantizar a la población infantil una nutrición adecuada. Asimismo, hizo énfasis en la obligación de coordinar los esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la atención.

La crisis de desnutrición infantil en La Guajira ha sido reconocida también por organismos internacionales. Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han instado en varias ocasiones al Estado colombiano a redoblar los esfuerzos para proteger a la niñez wayúu.

El debate sobre las medidas necesarias para superar la emergencia incluye proyectos de infraestructura que permitan asegurar el acceso al agua potable, la implementación de programas escolares de alimentación y la consolidación de un sistema de salud con cobertura suficiente en zonas rurales. A la fecha, la Corte Constitucional mantiene el seguimiento estricto al cumplimiento de la sentencia T-302.