La investigación por el presunto saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y al Instituto Nacional de Vías (Invías) ha generado preocupación en el Congreso de Colombia, donde unos 40 congresistas estarían implicados en una red de corrupción relacionada con contratos estatales y pagos en efectivo.
Según Semana, las declaraciones de varios testigos señalan que se habrían entregado recursos públicos para facilitar la aprobación de reformas clave del Gobierno de Gustavo Petro, incluyendo la reforma pensional, autorizaciones de créditos internacionales y la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
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El caso compromete a legisladores activos, exministros y altos funcionarios, según revelan los acuerdos de colaboración que la Fiscalía General firmó con dos testigos principales: María Alejandra Benavides, exasistente del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, y Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
Ambos se comprometieron a declarar ante la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales, identificando a los presuntos implicados.
La documentación obtenida por Semana detalla fechas, montos, lugares, contratos, y registros de chats y videos. Uno de los documentos clave es una carta del 17 de junio dirigida al magistrado Marco Antonio Rueda, en la que se formaliza la intención de Benavides de testificar contra congresistas vinculados a actos de corrupción en Invías.
En la misiva se indica: “Le informo una síntesis del señalamiento que la mencionada aspirante realizó contra aforados constitucionales investigados”.
Benavides entregó una lista con 28 nombres de representantes a la Cámara presuntamente beneficiados por contratos gestionados desde Invías.
Entre ellos figuran Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez Nieto, Katherine Miranda Peña y Wadith Alberto Manzur. También entregó una tabla con información sobre los proyectos, municipios, números de radicado, valores y legisladores beneficiados.
Según la testigo, el documento fue suministrado por Juan José Oyuela, funcionario de Invías.
A esa lista se suman ocho senadores, como Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés y José Alfredo Gnecco.
La Fiscalía afirmó que Benavides podría obtener inmunidad total si cumple con el compromiso de declarar sobre la circulación de recursos de “mermelada” política. En un audio citado por Semana, declaró: “Él me usó, él me usó, por el hecho de ser el ministro de Hacienda... él solo necesitaba sacar esto”.
El otro testimonio clave es el de Olmedo López, que también obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía.
En un documento de 108 páginas al que accedió Semana, López implicó a exministros como Luis Fernando Velasco (Interior), Ricardo Bonilla (Hacienda), Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) y Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones), esta última apodada “la mensajera” y actualmente detenida.
En cuanto a Bonilla, López señala que coordinó y lideró una operación ilegal para direccionar contratos desde la Ungrd a congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por medio de Jaime Ramírez Cobo, se habrían entregado contratos por unos 92.000 millones de pesos para proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
López añadió que, tras descontar lo destinado a la Comisión, Bonilla gestionó 200.000 millones de pesos adicionales. También menciona una libreta con anotaciones de la congresista Karen Manrique, donde aparecen nombres como Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
Sobre Velasco, López declaró que lideró una operación de entrega de dádivas derivadas de contratos ilícitos de la Ungrd.
El reportaje resalta una reunión del 27 de noviembre de 2023 convocada por González, en la que participaron Bonilla y Velasco para acordar montos de contratos a cambio de votos para proyectos legislativos.
Velasco habría reducido una propuesta de 80.000 millones a 35.000 millones en acuerdos con la Comisión Primera del Senado, representada por Julio Elías Chagüi. Esta versión se refuerza con chats entre Chagüi y Benavides que muestran coordinación para la entrega de contratos.
El escándalo también toca a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Según la colaboración de López, Name habría recibido 3.000 millones de pesos de Sandra Ortiz y Calle otros 1.000 millones por parte de Sneyder Pinilla en un apartamento en Montería.
La declaración de Ortiz ha sido clave para verificar estos hechos, aunque aún no hay acuerdo judicial con la Fiscalía para su colaboración.
El acuerdo de López incluye un programa de reparación que contempla la restitución de 724 millones de pesos y medidas simbólicas, como talleres en La Guajira y apoyo a comunidades rurales, además de una disculpa pública. Su abogado, José Moreno, afirmó a Semana que “el caso de Olmedo es uno de los más elocuentes sobre cómo el principio de oportunidad puede ser una herramienta contra la impunidad”.
Según Semana, las confesiones de López y Benavides han permitido delinear uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia, con detalles sobre la compra de apoyos legislativos y el uso indebido de fondos públicos.
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