En Medellín, el crecimiento de los asentamientos irregulares sigue siendo un desafío crítico, a pesar de que entre 2024 y 2025 se demolieron 2.550 construcciones por no contar con permisos legales.
Según las autoridades locales, la expansión de estos barrios ilegales afecta al menos 65 puntos cruciales del distrito, que dejan en evidencia la falta de efectividad en los controles y una capacidad administrativa insuficiente para frenar este fenómeno, que ha ido en aumento tras el impacto de la pandemia.
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Durante un reciente debate en el Concejo de Medellín, Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial, explicó las acciones que la Alcaldía ha tomado para tratar de enfrentar la problemática.
Sin embargo, reconoció que la situación está “desbordada”, agravada por un historial de falta de control en años anteriores.
Velásquez destacó en su intervención que, al inicio de 2024, la dependencia que encabeza enfrentaba un rezago de más de 17.500 solicitudes de intervención, lo que representa una muestra clara del alcance del problema.
“En el cuatrienio anterior hubo más de cincuenta mil construcciones ilegales. Lo que hicieron básicamente fue volver algo que estaba arreglado y entregarle a toda la ciudadanía la capacidad de construir sin que siquiera tuvieran control”, afirmó Velásquez a El Colombiano.
Además de factores como el déficit habitacional, la pobreza, la informalidad laboral y la migración, en Medellín también han influido otros aspectos, como la operación de grupos armados, quienes han aprovechado el vacío de control en las zonas más vulnerables.
Entre los barrios más críticos se encuentran Moravia, donde ya hay más de 1.200 viviendas construidas sobre un antiguo morro de basuras, Olaya Herrera y Pajarito, en la vía al Mar, y El Faro, en el corregimiento de Santa Elena.
Sobre este último punto, el secretario indicó que en administraciones previas, Moravia pasó de ser un área casi despoblada a tener un crecimiento desbordado de viviendas irregulares.
Un problema adicional radica en los recursos humanos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial.
Actualmente, la dependencia dispone solo de 221 trabajadores, de los cuales 182 son contratistas temporales y 39 hacen parte de la planta permanente.
De ese total, únicamente 65 empleados se encargan del programa Construye Bien, cuyo trabajo consiste en visitar puerta a puerta los barrios de la ciudad para verificar que las edificaciones cumplan con lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Según el secretario Velásquez, este personal resulta insuficiente para vigilar eficazmente todos los puntos críticos de Medellín.
Para contrarrestar las limitaciones actuales, Velásquez anunció varias iniciativas, como la incorporación de imágenes captadas por drones, helicópteros y satélites, que serán procesadas mediante inteligencia artificial para generar alertas en tiempo real y prever posibles asentamientos ilegales.
También mencionó que se trabaja en la recuperación de los seis inspectores urbanísticos que la ciudad perdió en años anteriores, para fortalecer la capacidad de supervisión.
Aunque la respuesta de algunos concejales ha sido crítica respecto a los avances logrados por la administración. El concejal Andrés Rodríguez, quien lideró este llamado de control político, enfatizó la necesidad de extremar los operativos con apoyo de la Policía. Además, destacó la urgencia de explorar alternativas que permitan legalizar construcciones situadas fuera de zonas de alto riesgo de desastres.
El impacto de los barrios informales en Medellín se extiende más allá de la crisis de vivienda. En el caso de Altavista, un deslizamiento reciente evidenció los riesgos para la seguridad de las personas al construir en terrenos no aptos. Además, según lo expuesto durante el debate, las invasiones afectan gravemente zonas de interés ambiental, lo que incrementa el potencial de desastres naturales y limita los esfuerzos de conservación ecológica en la región.
Medellín encara retos urbanos complejos para salvaguardar su territorio en medio de un crecimiento desordenado y acelerado, marcado por necesidades sociales insatisfechas y dificultades en la gestión pública.
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