En mayo de 2023, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Humberto Tarquino Gallego fue condenado a una pena de seis años de prisión por estar involucrado en el cartel de la toga. Los funcionarios involucrados en dicho cartel se prestaron para desviar investigaciones y para dilatar procesos. Asimismo, alteraron evidencias, retardaron trámites y recurrían a irregularidades para dejar sin credibilidad a los testigos de los casos que estaban bajo su estudio.
Tarquino Gallego fue hallado responsable de este tipo de actividades ilegales cuando fungía como magistrado. Un juez Penal del Circuito de Bogotá lo condenó por haber exigido dinero por favorecer a un aforado en una investigación que se adelantaba en su contra por hechos de corrupción.
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En consecuencia, decidió que debe estar privado de la libertad durante seis años por haber incurrido en el delito de concusión como interviniente y que, además, debe pagar una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y asumir una inhabilidad de 60 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
La determinación del juez fue apelada y pasó a ser revisada en segunda instancia. Tras más de dos años de estudio, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena solicitada por la Fiscalía General de la Nación en contra del exmagistrado.
La investigación de la Fiscalía General de la Nación, revisada por el Tribunal, confirman que Tarquino Gallego aprovechó su poder como magistrado para intervenir en las indagaciones que se surtían en 2014 en contra del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, en relación con su presunta participación en el cartel de la hemofilia.
El exfuncionario se reunió en varias oportunidades con el exgobernador para conversar sobre su caso, que involucraba su posible involucramiento en el mencionado cartel y en irregularidades identificadas en procesos de contratación en el departamento durante su administración. Los encuentros se realizaron en un apartamento del norte de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2014.
“En el curso de la investigación orientada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que el exfuncionario, en dos de los encuentros conocidos, pidió dinero para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario o podrían impedir actuaciones en su contra”, precisó el ente acusador en un comunicado.
El exmagistrado exigió el pago de $60 millones por indagar sobre las investigaciones que se estaban adelantando en contra de Lyons Muskus, para lo cual debía acercarse a personas específicas y consultar con ellas la información que necesitaba. En la cuarta reunión que tuvo con el exgobernador de Córdoba, que fue la última, indicó que su situación judicial era “crítica”, por lo que el precio a pagar por su ayuda aumentaría.
Entonces, pidió $20.000 millones para garantizar un resultado favorable. Aseguró que podría gestionar la intervención del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez, que velaría por evitar que tuviera consecuencias por sus actos de corrupción. Esto lo lograría mediante conversaciones con funcionarios que estaban en las instancias que estaban investigando al exgobernador.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia avaló un preacuerdo al que llegó Alejandro Lyons con la justicia y lo sentenció a cinco años y tres meses de prisión por el delito de concierto para delinquir simple.
“Queda claro que el señor Alejandro Lyons acepta su responsabilidad como autor del delito de concierto para delinquir agravado. Y a cambio de ello, se hará merecedor a la pena que corresponde para el delito de concierto para delinquir simple con la circunstancia genérica de mayor y menor punibilidad”, indicó el entonces magistrado Fernando Castro, citado por la revista Semana.
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