Durante una sesión técnica de seguimiento a la Sentencia T-302, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en la población wayuu, el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Iván Escrucería, hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) por la falta de información confiable sobre esta comunidad.
“Un Estado que no produce información confiable sobre la población a la que debe proteger es un Estado que falla en su deber constitucional de garantizar sus derechos”, enfatizó Escrucería durante la sesión celebrada en el Palacio de Justicia de Riohacha, que contó con la participación de magistrados, representantes de entidades gubernamentales y líderes de la comunidad indígena.
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La Corte ha realizado un seguimiento exhaustivo a su sentencia con el fin de garantizar la protección de la población wayuu, especialmente de la niñez que enfrenta condiciones críticas de desnutrición y falta de acceso a servicios básicos.
Uno de los aspectos clave de la reunión fue el seguimiento al Objetivo 5 de la sentencia, el cual busca mejorar la información disponible sobre la comunidad wayuu para una toma de decisiones más efectiva. Durante la sesión, Mario Alejandro Valencia, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y David Santamaría, director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, expusieron avances en esta materia.
También participó la directora del Dane, Piedad Urdinola Contreras, que presentó el estado del Registro Multidimensional Wayuu. Este registro, que se adelanta desde abril de 2024, ha sido diseñado con la participación de la comunidad y tiene como objetivo mejorar el acceso a datos precisos sobre la población, sus condiciones de vida y sus necesidades.
Según la funcionaria, la actualización del registro se realiza por ciclos y dependiendo de la entidad responsable, los periodos de actualización varían: en el sector salud podrán darse cada pocas semanas, mientras que proyectos de infraestructura requerirán lapsos más largos.
Sin embargo, Urdinola destacó que el proceso se ha enfrentado a retos significativos, como la geografía dispersa de la población, las barreras culturales y los problemas de seguridad. En ese sentido, y a pesar de los esfuerzos presentados, el magistrado auxiliar Iván Escrucería se mostró contundente al recalcar que la información confiable es un pilar fundamental para la garantía de derechos.
“El mandato entonces es claro: asegurar que cada decisión y cada intervención en el territorio parta de un conocimiento sólido y verificable de la realidad de la niñez wayuu. Único camino para continuar el sendero del diálogo, de la discusión y de la superación definitiva mancomunada del estado de cosas inconstitucionales”, agregó.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de garantizar que la información fluya de manera bidireccional: del Estado hacia las comunidades y viceversa, permitiendo que estas últimas participen activamente en la formulación de políticas que afectan su bienestar.
Durante la sesión, representantes de las alcaldías de Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure expusieron las dificultades para atender a la niñez wayuu en temas de salud y bienestar. Entre los principales obstáculos encontrados, coincidieron en los mencionados por la directora del Dane, en relación con la dispersión geográfica, el subregistro maternoinfantil, las fallas en la notificación de casos y los problemas de seguridad en la región.
Además, reiteraron en que es urgente fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación con las entidades encargadas de implementar las políticas públicas, poniendo en evidencia retos persistentes en la protección de la niñez wayuu.
Mientras el Dane y otras entidades trabajan en mejorar la recolección de datos, la Corte Constitucional insiste en que la garantía de derechos no se limita a producir información, sino a asegurar que sea utilizada de manera efectiva para transformar la realidad de la población vulnerable.
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