En la tarde del viernes 21 de febrero, un juez determinó quiénes serán reconocidos como víctimas en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El togado definió que la Contraloría General de la República, la empresa Kenworth de la Montaña, Seguros del Estado, la Ungrd, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Tierras y las comunidades étnicas wayuu de La Guajira serán reconocidas como víctimas en el proceso judicial.
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Esta decisión se registró durante la audiencia de acusación contra los responsables del caso, marcando un paso clave en el avance del proceso judicial, que ahora se encamina hacia la etapa de juicio contra Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y Luis Eduardo López, previstas a iniciar el 3 de abril de 2025, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público, mientras que Luis Carlos Barreto por el delito de concierto para delinquir.
La audiencia, que se llevó a cabo ante el Juzgado 4 Penal Especializado, tenía como objetivo principal definir quiénes serían reconocidos como víctimas dentro del caso, lo que permite a las partes afectadas participar activamente en el proceso judicial, presentar pruebas y solicitar reparaciones.
“En consecuencia, cualquier persona lo puede ser, ya sea natural o jurídica, que haya sufrido un daño, individual o colectivo, como consecuencia del delito. Dicho daño debe ser real y concreto y no necesariamente de contenido patrimonial”, explicó el juez durante la audiencia.
Sandra Ortiz será acusada formalmente por escándalo de la Ungrd
De otro lado, el próximo jueves 6 de marzo, Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, será acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado 8 Penal Especializado de Bogotá por su presunta participación en delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría recibido en octubre de 2023 una suma de $3.000 millones como parte de un esquema de sobornos. Las investigaciones sugieren que el dinero habría sido entregado por los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y posteriormente trasladado a Iván Leonidas Name Vásquez, expresidente del Congreso de la República. Este pago estaría relacionado con coimas destinadas a asegurar contratos y beneficios dentro de la entidad.
La Fiscalía sostiene que Ortiz habría incurrido en un concurso de conductas punibles, siendo el delito de lavado de activos el más grave de los que enfrenta. Este cargo podría derivar en una condena de hasta 10 años de prisión, según el escrito de acusación presentado por el ente investigador. Además, se señala que la pena podría incrementarse debido a otras conductas ilícitas que serán evaluadas durante la audiencia de lectura de sentencia. Actualmente, Ortiz se encuentra recluida en una guarnición militar mientras avanza el proceso judicial.
Cabe señalar que, el caso no solo involucra a Ortiz, sino que también apunta a otros altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno. Según el escrito de acusación, que consta de doce páginas, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habría dado instrucciones para adjudicar contratos por un valor total de $60.000 millones a favor de Iván Leonidas Name. Además, se señala que otros $10.000 millones habrían sido destinados a Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes.
El expediente detalla que González también habría solicitado la adición de $11.000 millones al contrato de obra No. 9677-PPAL001-727-2022, ejecutado por la Ungrd en el municipio de Repelón (Atlántico) para hacer parte del esquema de beneficios económicos ciertos actores políticos y económicos.
Del mismo modo, González habría instruido a Sandra Ortiz para organizar un desayuno con Iván Name y Olmedo López, con el objetivo de consolidar relaciones y asegurar acuerdos relacionados con los contratos mencionados. Este tipo de reuniones, según la Fiscalía, formaban parte de una estrategia para garantizar la continuidad de los beneficios ilícitos dentro de la estructura de corrupción.
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