Humberto de la Calle informó que junto con David Luna mandaron una carta a 56 embajadas explicando que no hay riesgo de un “golpe blando” en el país

Dos senadores de Colombia, David Luna y Humberto de la Calle, tomaron la iniciativa de enviar una carta a 56 embajadas acreditadas en Colombia. Esta acción diplomática tuvo como objetivo manifestar su inquietud ante “los reiterados pronunciamientos” del presidente, Gustavo Petro, quien ha hecho alusión a una presunta amenaza de “golpe blando”. Esta correspondencia busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre un tema que genera tensión en el escenario político nacional.

Humberto de la Calle compartió la carta mediante su cuenta de X y aseguró que el calendario electoral en el territorio nacional se mantendría estable.

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“Ante las recientes declaraciones del Presidente Petro sobre un supuesto riesgo de “golpe blando”, enviamos con @lunadavid carta a 56 embajadas aclarando que no hay indicios de desestabilización política. Colombia respeta profundamente sus instituciones y mantiene un calendario electoral estable”, dijo de la Calle en su cuenta de X.

En la carta los dos congresistas comentaron lo siguiente: “Queremos ser claros: en nuestro país no hay indicios de desestabilización política o institucional. Colombia respeta profundamente sus instituciones democráticas y mantiene un calendario electoral estable y confiable”.

En la misiva, los dos legisladores explicaron que perciben que el discurso del mandatario podría socavar la confianza ciudadana y sembrar dudas, minando los cimientos de una democracia vigorosa sustentada en el equilibrio y respeto mutuos entre los poderes públicos.

A través del texto antes mencionado, los legisladores Luna y De la Calle abogan por restablecer el diálogo y el entendimiento interinstitucional como vías hacia la estabilidad, buscando contrarrestar posibles ambientes de confrontación y desunión que atenten contra el robusto entramado democrático.

Según lo manifestado por dicho comunicado compartido por ambos congresistas, las representaciones diplomáticas de Noruega, Japón y Nicaragua han dado respuesta al llamado efectuado mediante la misiva. Estas naciones han exteriorizado su interés en profundizar sobre la situación expuesta, solicitando un encuentro presencial con los legisladores remitentes.

Además de Humberto de la Calle, David Luna también compartió dicha información en su perfil de X diciendo que: “Junto al Senador @DeLaCalleHum, enviamos una comunicación formal a 56 embajadas en Colombia expresando nuestra preocupación por la narrativa presidencial sobre un supuesto “golpe blando”. Colombia merece respeto y estabilidad institucional. Quien pone en riesgo la democracia con esas peligrosas declaraciones es el mismo Presidente”.

Durante un prolongado período, el jefe de Estado ha expresado su convicción sobre la existencia de maniobras encubiertas que buscarían desplazarlo del cargo de forma irregular. Recientemente, el máximo ente electoral, el CNE del país formuló cargos contra el actual mandatario, en su otrora condición de candidato presidencial, así como contra su campaña del año 2022, por presuntos excesos en los límites de financiación y manejo de recursos de fuentes vedadas.

Ante la decisión del ente electoral, el mandatario optó por accionar la vía jurídica al interponer una tutela al respecto. Su argumentación se cimenta en considerar que el fallo contraviene la normativa al extralimitarse en sus funciones, convirtiéndose en un componente de un plan mayor orientado a desestabilizar su gobierno mediante métodos irregulares.

En sus declaraciones del pasado 7 de septiembre, al darse a conocer el pronunciamiento, el jefe de Estado rechazó de plano que a través de un simple documento consultivo, carente de poder vinculante, emanado del Consejo de Estado, se le hubiera despojado, según él, de la protección jurídica conferida por su investidura presidencial.

Si bien el Consejo Nacional Electoral carece de atribuciones para remover al Presidente de su cargo, Petro argumenta que esta acción podría allanar el camino hacia un eventual juicio político en el Congreso. No obstante, este escenario no es tan plausible, puesto que para que prospere un proceso de esta naturaleza, el caso debe ser remitido y tramitado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, ente facultado para asumir el conocimiento y darle el curso correspondiente.