Presidente Petro señaló al CNE de inflar gastos de su campaña e insiste en un posible golpe a la democracia

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra los ponentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), acusándolos de distorsionar la verdad sobre el alquiler de un avión durante su campaña presidencial.

En su mensaje, Petro señaló que uno de los ponentes está vinculado a un exregistrador relacionado con intereses de Thomas & Gregg, mientras que el otro es un “fanático uribista” que fue señalado de comprar testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe. Petro calificó las acusaciones sobre el uso del avión como un ejemplo de “perfidia”, y denunció que la prensa oligárquica difundió falsedades al respecto.

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El presidente explicó que se inflaron los costos del avión al incluir vuelos ajenos a su campaña, alegando que se trató de un intento por hacer ver que habían sobrepasado los topes de gastos electorales. Asimismo, rechazó las afirmaciones de que el avión era propiedad de Daily Corps o que fue adquirido por su campaña, aclarando que la aeronave fue alquilada por una empresa llamada Sadi a otra compañía de aviación, que a su vez la alquiló a Daily Corps.

Petro también criticó la interpretación de los magistrados del CNE sobre una factura de un medio de comunicación, la cual combinaba comerciales de diferentes fases de la campaña, argumentando que los ponentes usaron este error para justificar una supuesta violación de los topes electorales. Concluyó su mensaje señalando que la prensa, en complicidad con los intereses económicos de sus dueños, está contribuyendo a un “golpe contra la democracia y el voto popular”, y llamó a la “lucha popular” para enfrentar esta situación.

No paran las críticas al CNE

En medio de la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) que examina presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro, el presidente arremetió contra las acusaciones, señalándolas como un intento de golpe de Estado en su contra. El organismo indaga si el mandatario habría sobrepasado los límites de inversión establecidos para su llegada a la presidencia, lo que generó una creciente tensión entre las partes involucradas.

Petro, quien se mostró firme en su rechazo a las investigaciones, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter): “Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado. ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”. Este comentario fue interpretado como una fuerte acusación hacia las acciones del CNE, al que el mandatario considera estar actuando en su contra de manera injustificada.

Además, Petro puso en duda la autoridad del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo esta investigación, recordando que ya en otra ocasión había manifestado su desacuerdo con las indagaciones. Según el presidente, el CNE violó lo estipulado en la Constitución, al extender una investigación que, de acuerdo con él, ya no tendría fundamento.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, manifestó Petro, señalando que el periodo legal para revisar los presupuestos de campaña ya habría expirado en julio de 2022.

El presidente también argumentó que la Constitución colombiana no faculta a un organismo administrativo como el CNE para despojar a un presidente de sus funciones debido a una investigación de topes electorales, especialmente cuando el plazo para llevar a cabo dicha revisión ya habría pasado. “La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección”, agregó Petro en su defensa.

No obstante, los críticos de Petro, como los congresistas Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), señalaron posibles irregularidades en el manejo de los fondos de la campaña, sugiriendo que al menos $5.400 millones podrían haber sido utilizados de manera inapropiada. Esta cifra alimentó aún más la controversia en torno al caso, mientras las investigaciones continúan su curso.