Militares en retiro y grupos opositores convocaron a una “toma de Bogotá” para exigir la “salida de Gustavo Petro”

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Germán Rodríguez, “el comandante de la verdad”, como se autodenomina, el mayor en retiro Jorge Castillo confirmó que, para la segunda mitad de julio del año en curso, se están planeando una serie de manifestaciones en contra del presidente Gustavo Petro.

“La oposición política está liderada por partidos como Centro Democrático y Cambio Radical, pero no han sido efectivos en su andar. Por eso, nosotros como movimientos ciudadanos nos declaramos en resistencia”.

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Las reuniones iniciarían, según Castillo, el 14 de julio y se extenderían por un tiempo, concentrándose en la capital del país. Señaló que no se siente conforme con el papel de los partidos opositores respecto a su función de hacer contrapeso político a la actual administración.

“Ha habido varias coordinaciones entre movimientos cívicos, ciudadanos, asociaciones y fundaciones, y se determinó que, a partir del 14 de julio, se van a iniciar unas caravanas a nivel nacional porque nos vamos a tomar Bogotá. Será una toma pacífica, pero sí vamos a presionar a quienes tienen que juzgar al presidente de la República por la presunta violación de topes electorales para que den respuesta a esa investigación”, dijo.

Fue claro en las intenciones y objetivos de las manifestaciones:

“Vamos a exigir la salida de Gustavo Petro por los medios constitucionales. Alisten sus víveres, maletas, carros, banderas y arranquen para Bogotá, que aquí los acogemos para ser una sola fuerza de resistencia”.

Jorge Castillo explicó posibles métodos de interceptación

Durante la charla, Castillo explicó que la única autoridad habilitada para puntualizar objetivos es la Fiscalía General de la Nación. La Dirección Nacional de Inteligencia puede monitorear el espectro electromagnético, pero no centrar sus recursos en personas específicas, situación que constituiría una irregularidad.

Expuso que es común la utilización de software para captar información en fuentes abiertas, es decir, la información que publica cualquier persona en redes sociales. Esta información permite elaborar perfiles con fines políticos. Señaló que esto sirve para hacer “falsos positivos judiciales” o “presionar”, por ejemplo, a un congresista para que apoye alguna reforma o proyecto de ley, chantajeando con información sensible”.

El exmilitar se refirió a “técnicas avanzadas” que permitirían a funcionarios realizar interceptaciones sin ser rastreados, obteniendo información en tiempo real y sacando provecho.

Mencionó a Jesús Ramón González como director nacional de Inteligencia y afirmó que el Gobierno ha menguado la capacidad de las Fuerzas Armadas para hacer operaciones de inteligencia digital de alto nivel. “Con todo esto se politiza la inteligencia y sus agencias. Allí se están nombrando personas con objetivos políticos claros, más allá de objetivos de inteligencia”, señaló.

“Si usted no tiene unos resultados operacionales ni un direccionamiento de qué es lo que debe buscar la inteligencia y la contrainteligencia, se determina que no se ha hecho nada y cabe preguntar: ¿Qué está haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia?”, expuso Castillo, subrayando que todo lo dicho corresponde a hipótesis.

Altas cortes rechazan supuestas ‘chuzadas’ del Gobierno

En las últimas horas, las altas cortes de Colombia se unieron en un llamado para rechazar cualquier posible interceptación ilegal que afecte la independencia de la Rama Judicial.

Los presidentes de las altas cortes (el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional) emitieron un comunicado el lunes 24 de junio, expresando su preocupación ante los hechos denunciados por el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.