El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció, el 10 de enero, que expatriará a 1.500 ciudadanos colombianos que están en las cárceles de su país, que son el epicentro de la ola de violencia que azota al pueblo ecuatoriano, en las primeras semanas de 2024. El Gobierno colombiano, representado por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, si bien reiteraron el apoyo al Gobierno de Ecuador, advirtieron que esto debe revisarse.
El 13 de enero, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le pidió al Gobierno de Gustavo Petro concertar un mecanismo jurídico, con el Gobierno ecuatoriano, para que los connacionales, que están en las cárceles ecuatorianas, puedan regresar a Colombia, así como establecer un plan de choque para atender esta posible deportación masiva. También le hizo un llamado al presidente Daniel Noboa para que la declaratoria de conflicto armado interno no sea óbice para garantizar los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y las personas privadas de su libertad.
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El plan de choque que pidió Camargo, responde a que, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, hay un hacinamiento del 24,3% en los 125 establecimientos de reclusión del país, que tienen presos a 101.646 ciudadanos, por lo que la entrada masiva de 1.500 colombianos al sistema penitenciario podría profundizar la crisis que este vive.
Sobre el anuncio que hizo el presidente Noboa el 10 de enero, el defensor del Pueblo hizo un llamado al Gobierno Petro y a las autoridades migratorias “para que sea concertado con el vecino país el mecanismo jurídico de ingreso de estas personas a territorio nacional y garantizado el respeto del debido proceso de cada una de ellas, frente a lo que sería la deportación en sí”.
Ante las declaraciones de Camargo, hay que recordar que el vicecanciller Fransisco Coy, el 11 de enero, advirtió que, de acuerdo con los acuerdos entre ambas naciones, se descarta cualquier deportación masiva de colombianos, pues se debe evaluar cada caso:
El llamado al Gobierno de Ecuador
El defensor del Pueblo, que también es presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, rechazó la ola de violencia que vive Ecuador y dijo que espera que la declaratoria de la existencia de un conflicto armado interno “permita garantizar la seguridad de los ciudadanos” ecuatorianos, sin que esto sea óbice para que se respeten los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y de las personas privadas de su libertad.
Así las cosas, Camargo le hizo un llamado al Gobierno de Daniel Noboa, recordándole que, si bien “es deber del Estado ecuatoriano, como país autónomo y soberano, tomar las decisiones necesarias para contrarrestar la violencia”, la declaratoria del conflicto armado interno armado “no puede implicar una suspensión del respeto y protección de los derechos humanos, ni mucho menos del respeto de las libertades y las garantías fundamentales”.
Ecuador solicitó cooperación en seguridad a Colombia: “Estamos listos y dispuestos a cooperar”
El 10 de enero de 2024, el Gobierno Noboa solicitó formalmente cooperación en materia de seguridad al Gobierno de Gustavo Petro. Durante una rueda de prensa, el 11 de enero, el vicecanciller colombiano, Francisco Coy, confirmó la petición y dijo que se estudiará cómo se puede ayudar a las autoridades ecuatorianas.
“Hemos recibido una solicitud de cooperación en términos de seguridad, estamos analizando en qué podemos ayudar, pero, en general, lo que le hemos dicho a las autoridades ecuatorianas es que estamos listos y dispuestos a cooperar, pero utilicemos los canales institucionales”, dijo el vicecanciller Coy.
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