Helena Urán Bidegain, hija de un magistrado judicial que se presume fue víctima de tortura y asesinato por miembros del Ejército colombiano tras el asedio al Palacio de Justicia en 1985, hace un ferviente pedido al presidente colombiano, Gustavo Petro. Urán solicita que Petro cumpla con la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se dirija al presidente estadounidense, Joe Biden, solicitando la desclasificación de todos los registros estadounidenses pertinentes al caso.
Este caso, que ha perdurado durante décadas, ha dejado numerosas preguntas sin respuesta y ha suscitado inquietudes sobre la responsabilidad de múltiples partes involucradas.
La revelación más reciente en esta larga búsqueda de la verdad proviene del Archivo de Seguridad Nacional, que ha desclasificado documentos estadounidenses cruciales, algunos de los cuales datan de hace 38 años. Estos documentos contienen copias aún redactadas de cables del Departamento de Estado e informes de inteligencia del Pentágono que podrían contener detalles cruciales sobre el papel de Estados Unidos en este trágico evento y lo que las agencias estadounidenses sabían sobre las acciones de las fuerzas de seguridad colombianas durante el asalto al Palacio de Justicia.
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Helena Urán, que ha sido designada asesora especial de la Cancillería colombiana en materia de no repetición, ha examinado estos registros estadounidenses y ha encontrado información que considera esencial para el país. Esta información, según afirma, podría tener un impacto significativo en el proceso de paz, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia en Colombia.
Uno de los momentos clave en la búsqueda de la verdad ocurrió en 2007 cuando se descubrieron imágenes de video que mostraban al padre de Helena, Carlos Horacio Urán, saliendo cojeando del Palacio de Justicia bajo la custodia de las fuerzas de seguridad colombianas, contradiciendo las afirmaciones previas de que había muerto en fuego cruzado dentro del edificio. El hallazgo de algunas de las posesiones del magistrado en una instalación cercana del Ejército colombiano llevó a la conclusión de que fue detenido y asesinado por los militares, y que su cuerpo fue colocado posteriormente en el edificio para encubrir la responsabilidad de los militares por su muerte.
La sentencia de la CIDH en 2014 señaló que el Estado colombiano era responsable de violaciones de derechos humanos y del uso desproporcionado de la fuerza durante el asedio y había violado los derechos de las víctimas al no investigar ni llevar ante la justicia a los responsables. Sin embargo, hasta la fecha, solo dos militares, incluido el coronel Alfonso Plazas Vega, han sido condenados por su participación en estos hechos, pero nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de Carlos Urán.
Los registros recientemente desclasificados ofrecen pistas tentadoras sobre lo que realmente sucedió en ese trágico día. Por ejemplo, un informe militar estadounidense indica que el Ejército colombiano sabía que el Palacio de Justicia era un objetivo probable del grupo insurgente M-19 más de una semana antes de la ocupación. Además, se revela que el personal estadounidense estaba en contacto con personas atrapadas dentro del edificio, proporcionando actualizaciones sobre la situación. Esto plantea interrogantes sobre el nivel de conocimiento y participación de Estados Unidos en el asedio.
Otro aspecto intrigante es la respuesta de Estados Unidos a las solicitudes de ayuda de las fuerzas de seguridad colombianas durante la crisis. La rápida movilización de un equipo de apoyo y la entrega de explosivos C4 de alta potencia plantean la pregunta de si Estados Unidos suministró la tecnología utilizada para abrir una gran puerta de metal en el edificio, una explosión que causó numerosas víctimas civiles.
Los documentos desclasificados también arrojan luz sobre la dinámica interna en el Gobierno colombiano en ese momento. La Embajada de Estados Unidos reportó que el presidente Belisario Betancur había dado luz verde a las fuerzas de seguridad colombianas para poner fin a la ocupación por la fuerza, pero también sugirió que esta decisión podría haber estado motivada por el temor a empeorar las relaciones con los militares. Esto plantea interrogantes sobre la influencia de los líderes militares en la toma de decisiones del gobierno en un momento crucial de la historia de Colombia.
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