JEP dictó medidas cautelares para el batallón Charry Solano en Bogotá: habría sido centro de torturas durante el Holocausto al Palacio de Justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una medida cautelar de carácter restaurativo sobre el antiguo Batallón Charry Solano, actualmente Escuela de Logística del Ejército, en Bogotá.

Este lugar está relacionado con graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, especialmente durante el Holocausto del Palacio de Justicia.

Según indicó la justicia especial, el objetivo principal es proteger la memoria histórica y los derechos de las víctimas y evitar la destrucción de posibles pruebas vinculadas a esos hechos.

“La SAR advierte que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la precitada unidad militar no se agotan en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que parecen indicar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento que involucra diferentes periodos de la existencia de la mencionada institución”, señala el documento definitivo.

La JEP adoptó la medida tras solicitudes de familiares y organizaciones de víctimas. Establece que el sitio deberá preservarse durante al menos un año, cubriendo tanto los sucesos del asalto al Palacio de Justicia de 1985 como otros episodios de violencia atribuida a personal militar y de inteligencia en distintos periodos.

El decreto señaló que el antiguo batallón funcionó como centro de detención y tortura y que existen indicios de inhumaciones clandestinas, lo que refuerza su importancia judicial y social.

“Además de los hechos de violencia política ya relacionados en la presente decisión y en los que, presuntamente, intervino el personal de inteligencia adscrito al Batallón Charry Solano, en el informe presentado a la JEP se indica que se encontrarían también los atentados con artefactos explosivos a la revista Alternativa y a los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria”, señaló la decisión.

Varios testimonios han vinculado al antiguo Batallón Charry Solano con prácticas sistemáticas de tortura y desaparición. El exagente de inteligencia militar José Leonairo Dorado Gaviria declaró que el recinto sirvió para instruir a fuerzas militares en métodos de interrogatorio y tortura contra personas relacionadas con organizaciones como la Unión Patriótica, el M-19, el ELN, el EPL y las extintas Farc.

Dorado describió el caso de Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19. Franco salió con vida del Palacio de Justicia y fue vista detenida e interrogada en el batallón; según el testimonio, fue enterrada allí clandestinamente.

En el expediente figuran más testimonios, como los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, estudiantes de derecho en la Universidad Externado. Ambos denunciaron torturas en ese lugar, al haber sido considerados falsamente sospechosos. Relataron a la Fiscalía que sobrevivieron al identificar relación con un familiar de un alto oficial.

La JEP determinó que las violaciones perpetradas en el batallón no se restringen a los hechos del Palacio de Justicia, sino que forman parte de un patrón prolongado de conductas. Esta perspectiva dio fundamento a la medida restaurativa y a la necesidad de preservar el sitio.

Otros crímenes y desapariciones relacionadas con el Batallón Charry Solano

La protección judicial también abarca otros casos emblemáticos, como la desaparición de Pedro Movilla Galarcio el 13 de mayo de 1993. La familia presume que su cuerpo permanece oculto en los predios de la actual Escuela de Logística, lo que refuerza la importancia de preservar el lugar física y documentalmente para avanzar en tareas de búsqueda y esclarecimiento.

Las investigaciones de la JEP asocian estos crímenes con macrocasos: el 06, sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, y el 08, referente a hechos en los que la fuerza pública actuó en coordinación con grupos paramilitares.

La decisión judicial también menciona atentados explosivos contra medios de comunicación, lo que amplía el espectro de víctimas y fortalece la obligación institucional de memoria, verdad y justicia.

La puesta en marcha de la medida exige colaboración con entidades estatales como la Procuraduría, el Centro Nacional de Memoria Histórica, los Ministerios de Defensa y Educación, así como con colectivos de víctimas y derechos humanos.

Entre los grupos involucrados están el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento de Víctimas del Estado, la Fundación Nydia Erika Bautista y la Fundación Carlos Horacio Urán.

Este conjunto de acciones procura evitar la fragmentación de las iniciativas de memoria histórica, frenar el negacionismo y articular la inclusión de los sectores perjudicados en la resignificación del sitio.

Según Helena Urán Bidegain, hija de un sobreviviente del Palacio de Justicia que fue ejecutado posteriormente, la medida permitirá “establecer patrones de violencia, esclarecer el destino de las víctimas y asegurar la correcta preservación y análisis de la documentación”, lo que representa una garantía para los derechos a la verdad y la justicia.