Corte Suprema de Justicia examinará solicitud del Gobierno Petro negada por la Fiscalía para suspender orden de captura contra ‘Chiquito Malo’

El 12 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó su decisión de mantener vigentes las 29 órdenes de captura contra los principales cabecillas del Clan del Golfo, negándose a suspenderlas como solicitó el gobierno de Gustavo Petro.

Tras ello, la Corte Suprema de Justicia anunció que examinará la petición que involucra, en particular, a Jobanis de Jesús Ávila, conocido como alias Chiquito Malo, líder máximo de la estructura armada. Según comunicó el máximo tribunal, la solicitud gubernamental será revisada a la luz de procesos en marcha y prioridades judiciales, en un contexto marcado por los intentos oficiales de avanzar en negociaciones de paz con ese grupo en las regiones de Chocó y Córdoba.

La suma de más de $4.000.000.000 ofrecida como recompensa por el paradero de Ávila configura una de las cifras más altas en la historia de la persecución al crimen organizado en Colombia, mientras la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida reclama su extradición por delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Este antecedente sitúa la situación de alias Chiquito Malo en una posición excepcional respecto al resto de los integrantes del Clan del Golfo, cuyas solicitudes de levantamiento de captura, señaló la Corte Suprema, corresponden exclusivamente a decisión del ente acusador, a diferencia de la de Ávila, que ya cuenta con “concepto favorable” de la Sala de Casación Penal para su extradición.

La Sala de Casación Penal manifestó que analizará la solicitud durante la jornada siguiente y sus próximas sesiones. “Recibimos la comunicación, estamos informados de ello y por información que recibí de la Sala de Casación Penal, ellos estudiarán en el día de mañana en su sala y en las próximas salas este tema y seguramente cuando tengamos alguna reacción lo informaremos a la opinión pública”, indicó el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud en trámite busca habilitar la suspensión de la orden de captura contra el jefe del Clan del Golfo, paso que sería fundamental para la continuidad de la fase exploratoria en los diálogos de paz que el Ejecutivo promueve con los máximos responsables de la estructura armada.

La resolución mediante la que el Ejecutivo delimitó las llamadas “zonas de ubicación” –espacios geográficos en Chocó y Córdoba donde deben concentrarse los integrantes del Clan del Golfo durante los diálogos de paz– fue objeto de una demanda cuyo propósito es que se declare nula.

El mensaje de magistrados de la Corte Suprema a la Físcalía

El magistrado Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema, celebró que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, mantenga las órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo y rechace la petición del Gobierno Petro.

Quintero, al referirse a la determinación de la fiscal, acudió al marco legal que estipula “en qué espacio exactamente se puede reglamentar, se puede levantar la orden de captura y con qué propósito específico”. El magistrado destacó que, tras una evaluación profunda de los requisitos legales, la fiscal Camargo concluyó que “no es posible levantar la orden de captura”, marcando una posición firme en la aplicación de la normativa vigente.

La decisión de Camargo adquiere especial relevancia, ya que involucra casos con pedidos de extradición, sobre todo hacia Estados Unidos, lo que suma un componente internacional delicado a las implicancias internas.

Quintero advirtió: “Hay unas órdenes de captura que se levantan, que tienen fines de extradición. Eso genera un problema complicado internacional. Colombia tiene unos compromisos internacionales, específicamente con Estados Unidos”.

Según manifestó Hugo Quintero, la negativa de la fiscal Camargo refleja un ejercicio independiente del poder judicial: “Celebro que haya tomado, eh, puso, digamos, los puntos sobre las íes y le di-- eso hace parte de la democracia, ahora que estamos hablando aquí de democracia, y es que las autoridades son controlables”. Este enfoque, dijo, es fundamental para preservar la separación de poderes y los principios del sistema democrático colombiano.