Corte Constitucional convoca audiencia pública por desplazamiento forzado de los pueblos jiw y nükak de Guaviare

La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública con el fin de superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de desplazamiento forzado, que ha estado afectando a los pueblos indígenas Jiw y Nükak, de Guaviare.

El ECI, de acuerdo con la Sentencia T-025 de 2004, compartida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se entiende como una decisión judicial emitida por la Corte al declarar que se han presentado violaciones masivas, generalizadas y estructurales de los derechos fundamentales. Es por eso que ordena a las instituciones competentes que, por medio de acciones integradas, se ponga fin a esa situación.

“El Estado de Cosas Inconstitucional es la prueba del incumplimiento del Estado social de derecho y de la desvalorización de la Constitución social, por eso, con su declaratoria, ingresamos a un estado de anormalidad, a un período que supone el ejercicio de mayores competencias y responsabilidades por parte del Estado; y que debe ser objeto de un fuerte escrutinio social, político y jurídico”, indica el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, citado por la unidad.

En efecto, la Corte declaró la ECI al evidenciar que se estaban vulnerando los derechos de los pueblos indígenas en cuestión y que, por ende, el Gobierno nacional debe poner a disposición su política pública para atender la situación.

“En la Sala Especial de Seguimiento, la Corte adoptó medidas de protección diferencial para los pueblos indígenas y, en particular, medidas cautelares de protección de los pueblos Jiw y Nükak, así como también precisó el marco constitucional en el que se deben incorporar los enfoques diferenciales de género y niñez en la política para personas desplazadas”, explicó el alto tribunal.

Así las cosas, el 18 de agosto se hará seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 004 de 2009, 173 de 2012 y 265 de 2019, que hacen referencia a la grave vulneración de derechos de los Jiw y Nükak. Esta diligencia fue solicitada por la Defensoría del Pueblo y del líder mayor del Resguardo Indígena Jiw de Barrocón.

En ella, se verificarán los siguientes apartados:

1. El goce de los derechos de las comunidades étnicas Jiw y Nükak, que han sido víctimas de desplazamiento forzado.
2. La capacidad de respuesta institucional para superar las falencias estructurales que ha identificado la Sala Especial y que afectan a los Jiw y Nükak.

“La Sala hará seguimiento particularmente al cumplimiento de las órdenes del Auto 173 de 2012, a la situación de los pueblos frente a sus necesidades de retorno y reubicación, y a la grave problemática de violencia sexual y de género, inclusive de explotación sexual contra niñas indígenas”, señaló el alto tribunal.

Con esta revisión, la Corte podrá adoptar las medidas necesarias para la superación de estas problemáticas, respectando la autonomía, cultura y cosmovisión de las víctimas.

“Han sido citados los ministros del Interior y Salud, la ministra de Vivienda, la directora de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de Víctimas, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Agencia Nacional de Tierras y la directora del Departamento de la Prosperidad Social, entre otros”, indicó la Corte Constitucional.

Por su parte, pro decisión del alto tribunal, la Fiscalía General de la Nación deberá, presentar un informe en el que figuren las investigaciones que se han adelantado en torno a casos de violencia sexual de menores de edad y mujeres pertenecientes a las comunidades étnicas mencionadas. Asimismo, tendrá que detallar las condenas que se han obtenido en la materia.

La audiencia será transmitida en las redes sociales de la Corte, que incluyen Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, así como en su página web oficial.