Paz Total: proyecto de ley de sometimiento a la justicia podría ser aprobado por el Congreso en abril

En la tarde del lunes 30 de enero se conoció que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para grupos armados ilegales centrados en actividades como el narcotráfico podría presentarse ante el Congreso de la República en aproximadamente dos o tres semanas.

Así lo indicó el senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de ley de Paz Total —prórroga a la Ley 418 de 1997—. De acuerdo con el integrante de la Alianza Verde, se tiene previsto que para abril sea aprobada la iniciativa que busca la consolidación de la reglamentación para que estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo entren en el plan de pacificación propuesto por el Gobierno nacional.

“Vamos a comenzar desde esta misma semana con reuniones, y esperamos en dos o tres semanas tener la ley de sometimiento que se va a llamar De responsabilidad y aceptabilidad penal”, precisó Ávila en declaraciones recogidas por Caracol Radio. También le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que agilice las designaciones de equipos negociadores tanto para dialogar con estructuras criminales como para instalar mesas con grupos residuales como las disidencias de las extintas Farc.

Sumado a eso, el legislador de la bancada de gobierno emitió un fuerte pronunciamiento sobre las masacres perpetradas en los últimos días en Antioquia, Córdoba y Barranquilla, así como algunos resultados operacionales por parte de la fuerza pública, entre ellos el abatimiento de nueve integrantes del ELN en Buenaventura. Bajo ese panorama, advirtió que “básicamente, organización criminal que manifieste que quiere ir a la Paz Total y no cumpla, hay que perseguirla y doblegarla a punta de fuerza”.

Sobre la conformación de los equipos negociadores tanto para disidencias como para otros actores armados ilegales, Ávila argumentó que esta medida es apremiante, “para que tengan cabezas visibles que negocien y así evitar rumores”. También explicó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz debe encargarse de la coordinación de las mesas y hacer asistencia técnica o de negociación.

Al respecto, vale indicar que la entidad liderada por Danilo Rueda ha realizado procesos de acercamiento con 12 grupos armados que “manifestaron su voluntad de paz”. Este proceso, según la oficina del alto comisionado, estos se han basado en parámetros de contemplados en la Ley 2272 en las que el Gobierno estableció los mecanismos para la paz total y dialogar con estructuras delincuenciales.

El primer compromiso con estas estructuras que la OACP califica como “grupos armados”, durante la fase de acercamiento, ha sido la reducción de la violencia. Este punto ha contado con mecanismos de verificación para el “cese de torturas, desapariciones y asesinatos como compromiso básico de los grupos armados ha sido el punto de partida para la generación de confianza entre las partes y el Gobierno Nacional”. De igual manera, se han establecido compromisos como la verdad, no hacer trampas ni engaños y “abstenerse de incluir en el proceso personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”.

Por otra parte, también durante el lunes 30 el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció, tras un encuentro sostenido con el presidente Petro en Casa de Nariño, que ese organismo judicial se encargará de brindar acompañamiento y asesoría al Gobierno nacional para diseñar la ley de sometimiento a la justicia.

Al respecto, el funcionario manifestó que mientras no se apruebe una reglamentación de este tipo no se levantarán las órdenes de captura con fines de extradición contra algún integrante de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, especialmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. De igual manera, argumentó que no existe el marco jurídico constitucional y hasta que esto no se reglamente no se puede evaluar un posible levantamiento.