
La Superintendencia de Salud anunció que abrió una investigación en contra de la EPS Sura por, presuntamente, poner barreras en la prestación del servicio a pacientes en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con lo anunciado por la Supersalud, se estableció que esta entidad promotora de salud habría vulnerado el derecho fundamental a la salud a personas de especial protección constitucional, en al menos dos casos puntuales.
Las víctimas de estas barreras para la prestación en el servicio de salud son un menor de edad y una adulta mayor, según explicó la Superintendencia de Salud.
El primero de los casos por los que la EPS Sura es investigada
Este es el caso de un menor de edad que reside en Medellín. El niño fue diagnosticado con una enfermedad huérfana conocida como atrofia muscular espinal tipo II.
La Supersalud aseguró que luego de que la EPS pusiera numerosas barreras en la prestación del servicio de salud, la madre decidió acercarse a la entidad para denunciar.
De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, al menor le habrían negado el acceso a la instancia conocida como ‘junta médica especializada’, en la que se da el aval para acceder a los servicios necesarios para el manejo de la condición que padece.
Luego de recibir la denuncia de la madre de familia, la Supersalud requirió información a la EPS. “Se evidenció la falta de respuesta oportuna y de fondo de Sura, omitiendo información del caso, a pesar de encontrarse plenamente documentados los inconvenientes, para garantizar el acceso oportuno a los servicios”, expresó la entidad.
Adulta mayor con discapacidad también ha enfrentado un viacrucis
El segundo caso está relacionado con la falta de atención a una mujer de 75 años diagnosticada con múltiples patologías neurológicas que afectan su movilidad, su calidad de vida e, incluso, según la Supersalud, la dignidad humana.
Aunque la mujer residente en Barranquilla requiere cuidados especiales por su condición de salud, la EPS Sura habría puesto distintas barreras para que la ciudadana no pudiera acceder a estos.
Luego de recibir la denuncia, la Supersalud indagó y pudo establecer que hubo presuntas demoras en la atención de medicina especializada, así como en la valoración por médico tratante para la determinación y autorización de servicios de salud domiciliarios, entre ellos cuidado de enfermería y cama hospitalaria.
La barranquillera de 75 años además de acudir a la Superintendencia presentó una tutela para reclamar sus derechos ante la justicia.
Gracias a esa acción judicial, el 5 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla ordenó a la EPS Sura la valoración del médico domiciliario, para que este determinara la pertinencia de los servicios y tecnologías en salud requeridos por la paciente, los cuales, deberían ser autorizados y entregados de manera inmediata por parte de la EPS.
Sin embargo, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, la EPS al parecer hizo caso omiso y no cumplió la orden judicial.
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