Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los excapos del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, se entregó el viernes 20 de enero a las autoridades en la sede del CTI de la capital del Valle. La Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la orden de captura contra la mujer, que deberá responder ante la justicia por lavado de activos.
La que fue presidenta del equipo América de Cali, sería recluida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí en el sur del Valle.
La Sala Penal de Casación de la Corte Suprema, por medio del Acta 142 del 8 de julio de 2020, resolvió la impugnación de la Fiscalía General de la Nación contra una sentencia absolutoria en favor de la Amparo Rodríguez Orejuela y otras personas, emitida el 29 de junio de 2012 por un juzgado penal de Bogotá.
Por esa razón, contra Rodríguez Orejuela existe una condena proferida por el Circuito Especializado de Bogotá en 2020 la cual dicta una pena de 13 años y 23 días de prisión. Así como una multa de 12.857 salarios mínimos legales vigentes.
En la misma sanción contra Amparo Rodríguez Orejuela, la Corte Suprema de Justicia también condenó a 14 familiares y exempleados de los capos del Cartel de Cali, “porque sabían que a través de Drogas la Rebaja se encubrían las ganancias que obtenían los Rodríguez Orejuela del narcotráfico y participaban en ello”.
Así se plasmó en la decisión de la Corte de Suprema de Justicia de 2020:
“El manejo del entramado que permitió a los Rodríguez Orejuela continuar percibiendo ingresos de Drogas La Rebaja y sus empresas asociadas, entre ellas Laboratorios Kressfor, se soportaba en la parte financiera y en el giro de los dineros producto de compraventas aparentes que, en la práctica, por sus condiciones, hacían que el control de ese emporio comercial siguiera en sus manos”.
Según el expediente al que tuvo acceso El Espectador, en 1972 Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela empezaron a enviar cocaína a los Estados Unidos y a adquirir participación económica en las empresas Drogas La Séptima Ltda., Drogas Unidas Ltda., Servicios Sociales Ltda., entre otras, de propiedad de Fernando Gutiérrez Cancino.
Estas sociedades, en 1987, se agruparon y conformaron la cadena Drogas La Rebaja, con varias sucursales en diversas regiones del país.
La responsabilidad de Amparo Rodríguez Orejuela, según la justicia, empezó en 1990 cuando los narcotraficantes cedieron su participación accionaria en dichas empresas al conglomerado de sus hijos, hermanos, sobrinos y otros familiares.
Entre ellos estaban: Soraya Muñoz, Alfonso Gil, Amparo Rodríguez y Claudia del Pilar Rodríguez. Para la Corte Suprema de Justicia “todos aumentaron su capital significativamente sin justificación alguna”. En 1995 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a las empresas del conglomerado en la llamada Lista Clinton.
Por su parte, para la Fiscalía General de la Nación la cesión de las empresas a sus esposas, hijos, hijas, hermanos y sobrinos representan “simulaciones que constituyeron el medio del que se valieron los señores Rodríguez Orejuela para continuar su actividad de lavado de activos a través de tales empresas, al pretender dar apariencia de legalidad a los recursos que les generaba el narcotráfico”.
En este proceso fueron vinculados María Fernanda y Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, hijos de Miguel; así como a Humberto, Jaime y María Alexandra Rodríguez Mondragón, hijos de Gilberto.
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