Asesinato de Mateo Pérez: solicitan suspender Zonas de Ubicación Temporal creadas por el Gobierno Petro tras el crimen del joven periodista

El asesinato de Mateo Pérez Rueda, periodista de 25 años, ocurrido en zona rural de Briceño (Antioquia) por hombres del frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo órdenes de alias Chalá, motivó una petición urgente al Consejo de Estado para que suspenda provisionalmente las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) establecidas en el país, como parte de la política de Paz Total promovida por la administración del presidente Gustavo Petro.

En la solicitud, dirigida al magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro por el abogado Mauricio Pava y la Fundación Dilo Colombia, se destacó que el crimen de Pérez, ocurrido en una de estas zonas bajo influencia de estructuras armadas ilegales, evidenciaría los graves riesgos que implica la continuidad de los procesos de negociación, sin que existan compromisos para la dejación de armas y sin que existan ceses al fuego.

En el documento, los demandantes argumentaron que la Resolución 471 de 2025, mediante la cual el Gobierno creó zonas de ubicación temporal en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba), ha facilitado que grupos ilegales reemplacen la autoridad estatal, lo que además pone en peligro los derechos fundamentales de los habitantes y de los periodistas que ejercen el oficio en estas regiones.

“En 2022 le advertimos a Iván Cepeda y al equipo de Isabel Zuleta que no se podían entregar territorios sin una ley de sometimiento, sin reglas claras. Están matando las personas. Le pedimos hoy al Consejo de Estado que tome una determinación frente a las zonas de ubicación temporal. No puede haber territorios donde no sea la autoridad del Estado la que esté rigiendo. Allí derogaron la Constitución”, reclamó Pava.

Cabe destacar que el crimen de Pérez ocurrió en una región donde además de las disidencias de las Farc opera el Clan del Golfo, que se disputan el control territorial. Al respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) informó que el comunicador, fundador del medio El Confidente, fue hallado sin vida tras varios días desaparecido y que su labor investigativa lo expuso a los riesgos que se registran en Briceño.

¿Por qué piden suspender las ZUT definidas por el Gobierno Petro?

La petición remarcó que la permanencia de las ZUT podría comprometer la separación de poderes, la supremacía constitucional y la libertad de prensa en los municipios afectados. La Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, vale precisar, condicionó la creación de estas zonas a la existencia previa de una ley de sometimiento y a una etapa avanzada del proceso judicial, lo que no se ha cumplido.

“La paz se defiende respetando la Constitución, garantizando la autonomía territorial y asegurando que ninguna estructura armada termine reemplazando la autoridad legítima del Estado. En amplias zonas del país, la presencia de estructuras armadas con la aquiescencia del Gobierno amenaza con sustituir la autoridad de la Constitución de 1991 por la ley del miedo”, expresaron los demandantes en su petición al alto tribunal.

El escrito también reveló que se radicaron derechos de petición ante los alcaldes de los municipios involucrados para esclarecer si hubo coordinación con las autoridades locales y si el Gobierno nacional garantizó condiciones institucionales y de seguridad durante la implementación de las zonas. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta, en un hecho que los peticionarios consideran revelador de falta de garantías.

La Paz Total promovida por Petro y de la cual su ‘arquitecto’ sería, justamente, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, ha sido objeto de críticas. Los demandantes indicaron que, hoy, “las estructuras ilegales reemplazan la autoridad del Estado”, lo cual se refleja en el aumento de hechos violentos y en la vulnerabilidad de periodistas y líderes sociales, como ocurrió con Mateo Pérez, cuyo asesinato enlutó al país.

Según la Flip, al menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, cifra que ilustra la persistente amenaza para la libertad de prensa en el país. Sobre este suceso, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia también rechazó el asesinato de Pérez y advirtió que constituye “una grave afectación a la libertad de prensa”, al igual que “una vulneración directa al derecho a la información”.