
En medio del rechazo de las entidades de productores agropecuarios al proyecto del gobierno de eliminar la exención de bienes personales para los inmuebles rurales, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación resolvieron realizar modificaciones a la iniciativa oficial para moderar el impacto de la medida en el agro.
De acuerdo a lo informado por la Fundación Barbechando, entidad que sigue el tratamiento de los temas agropecuarios en el Congreso, el proyecto del gobierno establecía el mínimo no imponible a partir de los ejercicios fiscales 2019 y siguientes, que pasa de $1,05 millones a $2 millones. Además, se fijaba un esquema de progresividad del tributo, donde aquellos que declaren bienes por entre $2 millones y $5 millones pagarían una tasa de 0,25%; de $5 millones a $10 millones tributarían 0,50%, y a partir de los $20 millones, la tasa sería de 0,75%.
Mediante un pedido de los diputados Marco Lavagna (Federal Unidos por una Nueva Argentina) y Pablo Torello (PRO), que fue acompañado por el resto de los integrantes de la Comisión, se estableció un tope de alícuota en 0,25% para los bienes rurales y se tomará como parámetro para el pago de bienes personales las valuaciones fiscales del año 2017, corregidas o modificadas por inflación. Esto significa que habrá una sola alícuota para todos los inmuebles rurales de personas físicas.

En la reunión de ayer de la Comisión, además, los diputados avanzaron con un dictamen unificado, de los proyectos presentados por los diputados Juan José Cano (UCR-Tucumán), Jorge Franco y Luis Pastori (UCR-Misiones), que les permite a los pequeños productores de tabaco y caña de azúcar, realizar un pago único del monotributo social, y de esta manera cumplir con los compromisos de todo el año y resguardando la cuestión impositiva, previsional y sanitaria.
El martes próxim, los diputados retomarán en comisión el debate del proyecto de Presupuesto 2019 y se espera que también se modifique el artículo 83° que faculta al Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020 a aumentar las retenciones. Se fijaría un tope de aumento del 33% solamente para el complejo sojero.
El pronunciamiento de la Mesa de Enlace
En las últimas horas los integrantes de la Mesa de Enlace publicaron un documento donde cuestionaron al gobierno por el aumento de la presión impositiva y rechazaron la eliminación de las exenciones para inmuebles rurales incluida en el proyecto de reforma de Bienes Personales, "una modificación que se combina con el aumento que tuvo la valuación de los campos que, en algunos casos, llegó a ser de entre 10 y 20 veces el valor fiscal original", expresaron las entidades del campo, y agregaron, "esto representa un nuevo impuestazo al campo, el sector más dinámico de la economía y que está en mejores condiciones de contribuir a sacar al país de la severa crisis económica en la que se encuentra. Si a esto le sumamos la nueva imposición de derechos de exportación y la posibilidad de llevar las retenciones a la soja al 33%, nos encontramos ante un panorama absolutamente desalentador".
Además, los dirigentes manifestaron: "Resulta paradójico que, en un momento en el que el sector privado necesita incentivos positivos para producir, invertir y renovar la confianza en el país, desde el sector público se busque que el grueso del ajuste recaiga sobre el campo y los productores. Al mismo tiempo, el Estado en todos sus niveles continúa mostrando una ausencia de voluntad de dar el ejemplo realizando su propio ajuste sobre sus onerosos presupuestos y obscenos niveles de gasto".
Por último, los integrantes de la Mesa de Enlace evalúan pedir una audiencia al ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. Según trascendió, habrían existido contactos entre dirigentes y el Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, para que acelere el encuentro.
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