Selva Central: invasiones y violencia afectan a comunidades kakataibo

Testimonios de cinco líderes describen cómo los comuneros están expuestos a amenazas constantes.

Aseguran que enfrentan casos de invasiones al territorio comunal, intimidación y falta de acción del Estado.
Aseguran que enfrentan casos de invasiones al territorio comunal, intimidación y falta de acción del Estado.

Un informe reciente del Instituto del Bien Común – IBC analizó la situación del territorio kakataibo de la Selva Central del Perú, sobre el cual aseguran que avanzan invasiones de colonos y economías ilícitas causando una espiral de deforestación y violencia, generando una crisis humanitaria.

“Esta situación demanda del Estado peruano una acción integral y coordinada, no solo para frenar el avance de los colonos sobre territorios comunales, sino también para asegurar protección y justicia”, advirtió Margarita Benavides, subdirectora del IBC.

La vocera, quien también es coeditora del libro Despojo y violencia en Unipacuyacu: Impacto de la falta de titulación en comunidades kakataibo, señaló que la publicación aborda varias aristas del tema a través de contribuciones de diversos especialistas, con énfasis en las amenazas actuales al territorio y a sus líderes y pobladores.

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Asimismo, destaca el caso de la comunidad Unipacuyacu, cuya falta de seguridad jurídica aumenta su vulnerabilidad a las invasiones de población migrante, por lo cual explicó a detalle lo que cómo se debería proceder.

“Luego de gestionar su titulación por casi tres décadas, sin obtenerla, Unipacuyacu ha quedado invadida en su mayor parte, habiéndose vulnerado derechos colectivos indígenas con la anuencia del Estado, por no haber actuado oportunamente. Al interior del territorio comunal han sido reconocidos de manera irregular un centro poblado y dos caseríos”, comentó la especialista.

Comuneros denuncian falta de apoyo.
Comuneros denuncian falta de apoyo.

Diversos casos

Todo lo relatado por Benavides, se sustenta con los testimonios de cinco líderes kakataibo, entre ellos Marcelino Tangoa, jefe de la comunidad Unipacuyacu que sucedió a Arbildo Meléndez, asesinado en abril de 2020.

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Según sus declaraciones, describen cómo los comuneros están expuestos a amenazas constantes que comprometen la realización de actividades necesarias para su subsistencia, como caza, pesca y recolección de productos forestales.

Por otro lado, estos personajes destacan que, si bien el caso de Unipacuyacu es el más dramático, no es el único, ya que casi todas las comunidades kakataibo enfrentan casos de invasiones al territorio comunal, intimidación y falta de acción del Estado.

“Y así como el crimen organizado se ha apoderado de grandes extensiones de la Selva Central del Perú, ahora el deber de las autoridades ya no es solo formalizar nuestra tenencia de la tierra, sino, además, cumplir con su obligación de proteger nuestras vidas, como ciudadanos peruanos que somos, y hacer justicia”, reveló Herlin Odicio, presidente de la Fenacoka.

Denuncian que no pueden realizar sus actividades económicas.
Denuncian que no pueden realizar sus actividades económicas.

Pero eso no es todo, el análisis que realiza Ermeto Tuesta sobre el caso de la falta de titulación de la comunidad Unipacuyacu expone las profundas deficiencias del proceso administrativo de titulación de comunidades nativas vigente.

Del mismo modo, el vocero, quien es especialista del IBC en seguridad jurídica de territorios de pueblos indígenas amazónicos, manifiesta cómo, a lo largo de 27 años de gestiones infructuosas, esta comunidad debió responder a los múltiples requerimientos de la Dirección Regional Agraria de Huánuco, realizando una y otra vez diagnósticos y demarcaciones de sus linderos, procesos que lamentablemente en todos los casos volvieron a foja cero.

“En la práctica, el proceso de titulación de comunidades ha perdido su sentido original de regularización de un hecho preexistente´ y se ha convertido en un proceso administrativo enormemente largo y tortuoso, de alto costo económico, sujeto a los intereses de terceros y caldo de ineptitud y corrupción estatal”, confesó Tuesta como parte del informe.

Por su lado, Luis Hallazi, especialista legal del IBC, informó sobre la urgencia de crear condiciones legales y políticas para que los pueblos indígenas obtengan derechos plenos sobre sus territorios y también destacó la necesidad de “atender de una manera integral y efectiva la violencia sobre líderes indígenas y defensores ambientales, y sus causas estructurales”.

Antes de concluir su participación, mencionó el potencial del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos creado en 2021.

Medio ambiente

Sobre las presiones ambientales que sufre el territorio kakataibo escriben Miguel Macedo, Pedro Tipula y Sandra Ríos, quienes se enfocan en las comunidades de Santa Martha y Unipacuyacu, que se hallan cercadas por la deforestación causada por la tala y la minería ilegales, el tráfico de tierras y la expansión de cultivos de coca destinados al narcotráfico.

Según manifiestan, estas actividades son impulsadas por la creciente presencia de población foránea en el entorno de las comunidades e incluso dentro del territorio solicitado titulación o ampliación. Los autores también citan datos de Mongabay sobre la proliferación de pistas de aterrizaje clandestinas en Ucayali.

Por otro lado, señalaron que de las 46 identificadas en la región, cuatro están en las comunidades kakataibo de Puerto Nuevo, Unipacuyacu y Santa Martha, lo cual denota operaciones de narcotráfico en el área.

Esta información que indican se vinculan con datos del Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (SISCOD) según el cual el territorio kakataibo corresponde parcialmente con la denominada “Zona de Aguaytía”, una de las 14 zonas cocaleras identificadas en el país.

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