Gremios periodísticos rechazan proyecto de ley que busca sancionar filtraciones

El proyecto de ley que busca sancionar a quienes difundan información correspondientes a investigaciones reservadas fue presentado por el gobierno de Pedro Castillo a través del premier Aníbal Torres. Ante la propuesta, las voces en contra se han hecho visibles, entre ellas las de los gremios periodísticos que advierten una amenaza contra la libertad de expresión y acceso a la información.

Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad ha advertido la criminalización del trabajo de aquellos periodista que sostengan sus investigaciones a partir de información obtenida por las autoridades. “El IPYS reitera su rechazo al proyecto de ley claramente violatorio de la libertad de información aprobado por el Consejo de Ministros, que criminalizaría las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales”, señaló la entidad.

Además, señaló que el intento del gobierno no sería proteger la búsqueda de justicia en las investigaciones, sino proteger a quienes vienen siendo investigados por presuntos actos de corrupción, tal como viene sucediendo con el gobierno de Pedro Castillo. “Lo consideramos un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del Gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando”, sostuvo IPYS.

La institución hizo un llamado a la sociedad civil a mostrar su rechazo a la medida y señaló que lo sucedido obliga a considerar el retiro del cargo a Pedro Castillo. “Esto obliga a debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución”, señala su publicación.

Por su parte, la Asociación Internacional de Radiodifusión resaltó el intento de la propuesta de sancionar a fiscales y jueces que compartan información reservada y mostró su rechazo. Además, recalcó que la aprobación de la medida tendrá un efecto de restricción en el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, lo cual resaltó que significaría nuevos obstáculos para la labor periodística.

“... colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación, y por consecuencia directa la sociedad peruana, puedan tener acceso a información fidedigna sobre causas judiciales de interés público, junto a la amenaza de sufrir eventuales procesos o sanciones por ejercer sus tareas de investigación periodística”, se lee en el pronunciamiento.

La Asociación Internacional de Radiodifusión instó al Congreso de la república a archivar la propuesta hecha por el gobierno, sobre todo porque se presenta en un contexto en el que el presidente está involucrado en una serie de investigaciones. Estas a partir de declaraciones de colaboradores eficaces, cuyos testimonios vieron la luz gracias a las filtraciones.

Entre quienes se han mostrado a favor de la medida se encuentra el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien insistió en que no se busca afectar la labor de los periodistas. Este aseguró que se mantendrá el respeto hacia la libertad de expresión y aseguró que lo propuesto no pretende sancionar a los medios de comunicación. Sin embargo, quienes sí estarían en peligro son los jueces y fiscales que participan de las investigaciones reservadas.

“Este proyecto de ley no incluye a los medios de comunicación. Que un medio de comunicación obtenga una información y la pueda difundir porque considera que es parte del interés público, es talento y es trabajo del periodista, el periodista no tiene acá nada que ver. La libertad de expresión se va a respetar siempre en este Gobierno”, dijo Salas.

Cabe recordar que durante los últimos meses, la población ha podido conocer sobre los diversos supuestos actos de corrupción del gobierno de turno a partir de la filtración de declaraciones al Ministerio Público. Lo dicho por la colaboradora eficaz Karelim López supuso un duro golpe para la imagen del presidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en calidad de investigado por las autoridades y el Congreso.

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