Contraloría señala que Daniel Soria fue designado procurador general sin cumplir requisito de experiencia

La Contraloría emitió un informe elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) que buscaba evaluar el proceso de designación del procurador general del Estado, Daniel Soria Luján. Según el documento, su objetivo era encontrar indicios de irregularidades que afectan la designación del cargo en cuestión.

“La designación del procurador general del Estado se realizó sin que haya acreditado trayectoria en la defensa jurídica del Estado, tal como lo establece la normativa que regula los requisitos para acceder a este cargo, habiéndose emitido la Resolución suprema de dicha designación sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular”, se lee como hecho con indicio de irregularidad.

Durante la investigación y la revisión de todos los documentos, se determinó que Daniel Soria incluyó como experiencia profesional para sustentar su nombramiento el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, la OCI estableció que dicha labor “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado” específicamente.

“La Constitución Política del Estado establece que: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. (…), por lo que, de la revisión de los documentos que sustentan su currículum vitae, respecto de la experiencia laboral del señor Daniel Soria Luján, se han determinado que no ha ejercido labores en el sistema de defensa judicial del estado. En consecuencia, carecía de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, requisito necesario para ocupar el cargo de Procurador General del Estado”, se lee en el documento.

ACCIONES A TOMAR

Como conclusión del informe se señala que se encontraron indicios de irregularidad en el proceso de designación del actual procurador general del Estado y se recomienda que las autoridades correspondientes tomen acciones al respecto. Además, se brinda diez días hábiles para que el titular de la entidad comunique el plan de acción a seguir tras conocerse las conclusiones del informe mencionado.

A inicios de enero el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dejó entrever la posibilidad de que el procurador sería removido del cargo a lo que la Defensoría del Pueblo respondió que se estaría “vulnerando los principios constitucionales de independencia del sistema de justicia y de autonomía funcional de los procuradores”.

La institución encabezada por el defensor Walter Gutiérrez también recordó, a través de sus redes sociales, que Daniel Soria fue nombrado en el cargo en el marco del Decreto Legislativo 1326 a través de una resolución suprema.

“Alegar como causa de retiro incumplimiento de requisitos para ejercicio del cargo exigiría una nueva resolución firmada por el presidente de la República, lo que en la práctica significaría apartar del cargo a quien lo ha denunciado por presunta comisión de ilícitos penales”, se lee en el tuit.

Tal como se recuerda, Soria Luján envió un pedido a Palacio de Gobierno para que brinde una lista de aquellas figuras que habrían visitado la casa ubicada en Breña donde el presidente Pedro Castillo habría sostenido reuniones que no figuraban en su agenda. Poco después, Soria señaló que la casa de gobierno no había cumplido con el pedido señalado y reiteró la misma solicitud.

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