
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que la permanencia de Walter Ayala en el Ministerio de Defensa debilita no solo al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez y “sino a todo el gobierno”. También opinó que la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República debe hacer pública la copia que el excomandante general del Ejército José Vizcarra les entregó sobre los mensajes que recibió del presidente Pedro Castillo.
En una entrevista con el diario El Comercio, se le preguntó por la situación con las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Ante esto, Gutiérrez fue tajante al decir que las FF.AA. no le deben lealtad al Gobierno, sino al país. Señaló que las competencias del presidente se encuentran en el nombrar y retirar al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., el cual “no es un cargo de confianza como el de un ministro”.
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“No existe figura constitucional que habilite al presidente a demandar algún tipo de lealtad. Esto mismo también significaría la transgresión, o en el mejor de los casos [para el Ejecutivo], una mala interpretaciones de la Constitución”, dijo.
¿Qué se podría proceder si se prueba una transgresión a la Constitución? El consecuente sería un juicio político, avalado en el artículo 99 y 100 de la Carta Magna. Este podría resultar en una suspensión, inhabilitación o cese del cargo.
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Para ello, según el defensor del Pueblo, es necesario que se hagan públicos los mensajes que el presidente Pedro Castillo le envió al ministro Walter Ayala.

SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL WALTER AYALA COMO MINISTRO
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Para Gutiérrez, Walter Ayala nunca debió haber sido ministro. Además, consideró su designación como un “deterioro en el ejercicio de la función pública”.
“El señor Ayala no debió jamás ser ministro, y no debe continuar un minuto más. Adicionalmente, el hecho de que renuncie o lo saquen, no alcanza, no es suficiente, el presidente Castillo tiene que reconducir su gobierno. Y la presencia de Ayala no solo debilita al Gabinete de la ministra Vásquez, sino a todo el gobierno”, agregó.
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También señaló al ministro Juan Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones, Mario Carhuapoma, presidente ejecutivo de EsSalud, y jefes de algunos organismos reguladores como un ejemplo del “deterioro de la administración pública”, por no tener experiencia para asumir sus cargos.
Sobre el ministro Silva, en específico, dijo que “es otro ministro que claramente no tiene las competencias”.
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“No se puede gestionar una cartera de la manera como lo está haciendo, y no solo Silva, sino otros ministros, que lejos de sacar adelante las reformas o modernizar su sector, lo que hacen es desmontar todo aquello que se ha avanzado”, dijo.
SOBRE LOS PRIMEROS 100 DÍAS
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Gutiérrez se mostró preocupado por el avance en los primeros 100 días de la gestión de Castillo.
“Somos el país con más retraso en el regreso a clases presenciales en la región, estamos en el último lugar y ahí se está afectado el derecho a la educación, salud y alimentación. Lo paradójico es que esto se hace en el gobierno de un profesor, o de profesores”, expresó.
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Incluso al ser consultado sobre si el Congreso de la República debería concederle al Ejecutivo las facultades legislativas en materia tributaria que consultaron, su respuesta fue “no”.
“El gobierno no ha dado muestras de un buen manejo de la gestión pública. No es el momento para estar dando facultades y afectar más todavía la economía que recién se está reactivando. A nosotros nos gustaría saber más bien qué es lo que va a hacer con los recursos que pretende recabar”, argumentó.
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Por otro lado, también señaló estar preocupado por la “poca transparencia, la falta de pluralismo que promueve el gobierno”, habiendo pasado dos meses desde que el Consejo de la Prensa Peruana y el IPYS le pidieron al presidente Castillo firmar las declaraciones de Chapultepec y de Salta. Hasta hoy no hay una respuesta.
Según dijo, en libertad de expresión: “Desafortunadamente, el gobierno en este rubro también sale jalado”.
100 DÍAS DEL CONGRESO
Pero no solo criticó al Ejecutivo, sino también al Legislativo. “El Congreso tiene que entender que en sus manos está el principal acto de poder, que es el poder legislativo. Esto significa que el Congreso tiene que ocuparse, preocuparse por dar leyes que puedan contribuir a fortalecer la institucionalidad”, dijo.
Mencionó que la Contraloría ha presentado un proyecto de ley para que se implementen perfiles de acceso a determinados cargos públicos de ministros hacia abajo. La Defensoría también habría presentado uno sobre filtros legales y constitucionales para ser ministros. Además, también presentaron una iniciativa sobre el Consejo de Estado. Sin embargo ninguna propuesta ha sido aprobada por el Congreso.
“Entonces, en este punto, el Congreso también está en deuda”, señaló.
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