Un juez argentino viajó a Kiev para documentar el secuestro de niños ucranianos por parte de Rusia

El juez argentino José Antonio Michilini viajó a Kiev, donde se reunió con autoridades gubernamentales y no gubernamentales para avanzar en la elaboración de un informe sobre los niños ucranianos secuestrados por Rusia desde el inicio de la invasión. En todas las entrevistas que mantuvo, el magistrado recibió el mismo pedido por parte de las autoridades ucranianas: “Es primordial que Argentina se integre al tribunal penal especial que juzgará los crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania por Rusia”, según un comunicado difundido tras la visita.

Michilini, magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, se propuso tomar contacto directo con las autoridades ucranianas para reunir la mayor cantidad de información posible sobre los más de 20.000 chicos que, según las denuncias de Kiev, fueron secuestrados por fuerzas rusas, en particular durante los primeros días de la invasión, en febrero de 2022.

“Estoy poniendo toda mi experiencia de más de veinte años en este tema y estoy convencido que el castigo de estos criminales será ejemplificador para las futuras generaciones”, señaló.

El juez convocó además a familiares directos de esos menores para tomarles declaración, en el marco de la elaboración de un informe que buscará presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra.

“No solamente mi objetivo es visibilizar estas violaciones deliberadas, premeditadas y ejecutadas con un sadismo atroz sino que los responsables de más alto nivel e incluso toda la cadena de mandos correspondiente, tenga el castigo que corresponde”, sostuvo el magistrado.

Reuniones con el gobierno ucraniano y con “Bring Kids Back”

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Michilini se reunió con Margarita Sokorenko, representante del gobierno ucraniano ante la Corte Europea de Derechos Humanos, con quien analizó los instrumentos jurídicos que se utilizarán para que el informe final resulte “completo, preciso” y sin margen de duda sobre la gravedad de los crímenes denunciados.

El juez también mantuvo un encuentro con Yuliia Usenko, responsable de la organización “Bring Kids Back” (BKB) —creada por el gobierno ucraniano por iniciativa del presidente Volodímir Zelensky—, y con la especialista en derechos de la infancia Anastasia Panteleeva.

Ambas le expusieron a Michilini la situación actual: 20.710 niños ucranianos permanecen secuestrados por Rusia, mientras que 2.495 ya fueron recuperados a través de esa iniciativa. Posteriormente, el juez participó de un encuentro con familias ya reunificadas, tanto en términos familiares como territoriales, cuyos testimonios tomó nota para incorporar al informe final.

El tribunal que busca llenar el vacío de la Corte Penal Internacional

El pedido que recibió Michilini en Kiev se enmarca en el proceso impulsado por Ucrania y sus aliados europeos para crear el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, con sede prevista en La Haya. En mayo pasado, 36 países —34 europeos, además de Australia y Costa Rica— y la Unión Europea respaldaron formalmente su creación durante una reunión de cancilleres del Consejo de Europa en Chisinau, Moldavia, en lo que fue descrito como el mayor intento de reeditar un modelo de enjuiciamiento internacional inspirado en los tribunales de Núremberg y Tokio.

El nuevo tribunal busca cubrir un vacío que la Corte Penal Internacional (CPI) no puede llenar: aunque ese organismo dictó en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos, su estatuto no le permite juzgar el crimen de agresión —la decisión política y militar de lanzar la invasión— cuando el país señalado no reconoce su jurisdicción y cuenta con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. El mecanismo apunta a alcanzar a la cúpula política y militar rusa, incluidos el presidente, el primer ministro, el canciller y los altos mandos que condujeron las operaciones militares.

Para Michilini, la urgencia del reclamo excede lo judicial: “Si no actuamos con la mayor firmeza y decisión, el mundo será cómplice en el futuro de que el flagelo de la violación a los Derechos Humanos sean actos de barbarie rutinarios”, advirtió, en una definición que resume el sentido que le imprimió a su viaje por Kiev.