El Consejo de Estado de Francia ha rechazado una petición presentada por la líder ultraderechista Marine Le Pen para frenar la aplicación inmediata de la inhabilitación política dictada tras su condena por presunta malversación de fondos durante su periodo en el Parlamento Europeo. La decisión, anunciada este miércoles, ratifica la prohibición que impide a Marine Le Pen presentarse a futuros comicios, afectando directamente sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales previstas para 2027.
En marzo, un tribunal de París impuso a Le Pen una condena que incluye cinco años de inhabilitación, ordenando que la sanción se aplique aunque la sentencia no sea firme, una medida poco habitual en la política francesa. Según el fallo, la decisión elimina de forma inmediata la posibilidad de que la dirigente de Agrupación Nacional (RN) sea candidata a la presidencia en la próxima convocatoria electoral.
En el reciente recurso, Le Pen responsabilizó al entonces primer ministro François Bayrou por no modificar el código electoral francés, argumentando que la normativa que permite la aplicación inmediata de la inhabilitación vulnera las libertades de los candidatos y de los votantes. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó —según el comunicado emitido— que la petición de Le Pen “no busca tanto la derogación de las disposiciones reglamentarias como la modificación de la ley”, puntualizando que tal solicitud “supera las competencias del primer ministro”.
Mientras tanto, la situación judicial de Le Pen sigue abierta. El próximo mes de enero, el Tribunal de Apelación de París revisará el caso, donde la líder política espera lograr la anulación de la condena inicial de cuatro años de prisión —dos de ellos en firme— y cinco años de inhabilitación, atribuidos por los llamados “contratos ficticios” de asistentes parlamentarios.
En marzo, la presidenta del tribunal estimó en 2,9 millones de euros el monto del dinero desviado, de los cuales 474.000 euros se atribuyen directamente a Marine Le Pen, quien habría hecho pasar por asistentes parlamentarios a su guardaespaldas, Thierry Légier, y a su secretaria personal, Catherine Griset. La sentencia concluye que el sistema instaurado por el partido no supuso un enriquecimiento personal para los eurodiputados, pero sí un mayor confort de vida para sus dirigentes y un beneficio económico para la propia formación.
En relación con su proceso de apelación, previsto entre enero y febrero, justo antes de las elecciones municipales de marzo de 2026, Marine Le Pen criticó la decisión de los jueces, al considerar que “se trata de otra manera de influir en el proceso electoral”.
“¿Les habría costado tanto fijar la fecha del juicio en abril?”, se preguntó la líder del Agrupación Nacional. Le Pen también negó que su partido, en caso de llegar al poder tras unas eventuales elecciones anticipadas, tenga intención de aprobar una ley de amnistía que pudiera beneficiarla personalmente y permitirle presentarse a las presidenciales de 2027. La diputada calificó la información publicada por Le Monde como “una elucubración”, y añadió que no le sorprende, “viniendo del medio que es”.
(Con información de Europa Press)
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