La otra cara de las inversiones del régimen chino: cientos de denuncias por graves abusos laborales en empresas que operan en el exterior

Los esfuerzos de China por ser vista como un inversor responsable en el extranjero están en riesgo por los altos índices de abusos de los derechos humanos vinculados a sus operaciones comerciales, especialmente en el sector de los metales y la minería, según un informe publicado el miércoles. El Centro de Recursos para Empresas y Derechos Humanos, una organización no gubernamental (ONG) mundial, registró 679 acusaciones de abusos de los derechos humanos contra empresas chinas que operan en el extranjero entre 2013 y 2020.

El sector metalúrgico y minero fue el que más acusaciones recibió: 236, un 35% del total. Perú, segundo productor mundial de cobre, y el vecino de China, Myanmar, principal proveedor de estaño y minerales de tierras raras, fueron señalados como puntos conflictivos. China, primer consumidor mundial de metales, no dispone de suficientes recursos para satisfacer la demanda interna y ha animado a las empresas a asegurarse el suministro comprando activos en el extranjero.

También ha ampliado su alcance en materia de energía renovable, con la promesa de construir una iniciativa de infraestructura verde del Cinturón y la Ruta en su intento de cumplir los objetivos climáticos. “Más de un tercio de las denuncias contra empresas mineras chinas en el extranjero estaban relacionadas con conflictos prolongados entre grandes empresas mineras multinacionales respaldadas por China y comunidades locales en América Latina y Papúa Nueva Guinea (PNG)”, señala el informe.

Las empresas estatales chinas participan en la producción de oro, níquel y cobalto en PNG.

El informe citaba problemas en la diligencia debida en la cadena de suministro por parte de las empresas chinas, a pesar de los “esfuerzos proactivos” de la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China (CCCMC).

Sun Lihui, director del departamento de desarrollo de la CCCMC, dijo a Reuters que muchas empresas chinas de la cadena de suministro tenían buenas políticas de derechos humanos, pero no siempre centraban sus esfuerzos donde más se necesitaban. “Sólo dan importancia a las investigaciones disciplinarias, pero descuidan la formación y la orientación a las empresas de su cadena de suministro”, dijo.

Después del sector minero, el segundo mayor número de denuncias -152- correspondió al sector de la construcción. Entre ellas figuraba la pérdida de medios de subsistencia relacionada con un proyecto ferroviario en Laos. Los sectores de los combustibles fósiles y de las energías renovables también fueron objeto de críticas, con 118 y 87 denuncias, respectivamente, según el informe, que añade que la gran mayoría de las denuncias sobre energías renovables estaban relacionadas con proyectos hidroeléctricos.

En todos los sectores, Myanmar fue el país que más denuncias recibió, con 97.

El lado oscuro de las inversiones

Tras el despegue económico del régimen de China a comienzos de la década de 1990, el gigante asiático se ha convertido en las últimas décadas en uno los principales demandantes de materias primas y mercados del mundo, con un hambre planetario que ha llevado a Beijing a expandirse por toda Asia y pisar fuerte en África y América Latina a través de préstamos competitivos e inversiones en infraestructura bajo la promesa de “llevar desarrollo a sectores postergados”.

El rostro más visible de este proceso es la iniciativa de la “Ruta de la Seda del Siglo XXI”, también conocida como de “Iniciativa de una franja, un camino” (BRI, en inglés), develada por primera vez en 2013 por el presidente chino Xi Jinping y cuyos detalles pudieron finalmente conocerse en 2017 durante el primer foro celebrado sobre el tema.

Este monumental proyecto (valuado sólo tentativamente en un billón de dólares) incluye inversiones en transporte, comunicación y energía en 60 países de Eurasia, África y Oceanía, creando corredores viales, ferroviarios, fluviales y marítimos entre China y gran parte de los mercados internacionales, llegando también a involucrar a América Latina como engranaje en el intercambio global de materias primas y productos.

Para la mayoría de los países participantes, que ya son grandes socios comerciales de China, la iniciativa promete crecimiento y desarrollo económico, a costa de una mayor presencia de Beijing en asuntos domésticos que muchos parecen ya dispuestos a aceptar. Pero hay también otros grandes problemas que se infiltran entre las inversiones: el desastre ecológico producido por un país con escaso historial de protección medioambiental; y los peligrosamente bajos estándares de protección de los trabajadores de parte de una economía que se forjó en base sueldos ínfimos y grandes masas obreras.

Riesgo ambiental, otro de los riesgos

De acuerdo a un reporte de 2018 publicado en el Instituto de Estudios Medioambientales y en Energía (EESI), se espera que la BRI atraviese ecosistemas sensibles que hasta el momento no han sido fuertemente explotados, causando un grave perjuicio para la flora y la fauna a través de la deforestación, la extracción de minerales, la explotación agraria y la destrucción de hábitats.

Hasta el momento se han detectado 1.739 de estas áreas sensibles y 265 especies amenazadas, de acuerdo a un informe del World Wildlife Fund (WWF) de 2017.

EESI cita el ejemplo de una represa en Sumatra, Indonesia, cuyo financiamiento fue vetado por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de Asia por significar una amenaza demasiado seria a la jungla y las especies en el ecosistema Batang Toru. Pero entonces llegó la compañía china Sinohydro, con fondos del Banco de China, y el proyecto estaría próximo a entrar en marcha, a pesar de que numerosos activistas y académicos indonesios se han opuesto.

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