El pasado mes de abril, Alonso Ancira Reno, dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), fue puesto en libertad, tras haber sido encerrado en el Reclusorio Norte, luego de acordar con Pemex (Petróleos Mexicanos) el pago de USD 216.6 millones por la compraventa irregular de Agro Nitrogenados. Pero ahora la paraestatal ha anunciado que el empresario no ha cumplido con el acuerdo.
Todo se remonta a 2013, cuando presuntamente el director de AHMSA sobornó con 3.5 millones de pesos a Emilio Lozoya, quien dirigía Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. El objetivo de este movimiento fue influir en el proceso de compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.
De acuerdo con el caso abierto por la FGR, el proceso de adquisición presentó una irregularidad: la transacción de compra–venta de la productora de fertilizante se realizó a 10 veces su costo real, unos 273 millones de pesos. Esto quiere decir que el presupuesto de Pemex se vio afectado por más de 200 millones de pesos al hacer una compra de una procesadora que se encontraba casi en ruinas.
Luego de conocer la investigación iniciada en su contra, el empresario abandonó el país y fue capturado en Palma de Mallorca, España, en mayo del 2019. Desde su estancia en el país ibérico, buscó a toda costa evitar la cárcel, por lo que interpuso una serie de amparos para burlar la extradición, e incluso, ofreció el pago del sobreprecio obtenido de la transacción fraudulenta.
En el acuerdo reparatorio que suscribió con Pemex se determinó el pago del monto en tres años. La primera entrega está programada para el 30 de noviembre, el segundo un año después, en 2022, y el tercero en mismo día de 2023, 72 millones 221 mil dólares por año.
Pero, de acuerdo con Pemex, el acuerdo fue roto por incumplimiento del empresario. Y es que este martes, en la ocasión acordada para constituir un fideicomiso de garantía a favor de Pemex, establecido para garantizar que el empresario cumpliera las obligaciones derivadas del acuerdo reparatorio, la familia Ancira no compareció, contraviniendo lo acordado por los accionistas de Grupo Acerero del Norte, controlador de AHMSA.
Entonces el empresario dijo que había constituído ya un fideicomiso para realizar los pagos mencionados. Pero Pemex no lo reconoce legalmente porque fue creado en Estados Unidos. Por ese motivo, la paraestatal mandó un oficio a Pedro Serret Hernández, el administrador del Reclusorio Norte, informando que Ancira no cumplió el acuerdo de reparación del daño, razón por las que solicita que se tomen las medidas pertinentes.
Petróleos Mexicanos insiste en que los pagos de Ancira se tenían que llevar a cabo en un solo contrato de fideicomiso, instrucción que el señalado no cumplió ya que él lo hizo a través de dos: “Trust ANCIRA” y “Fideicomiso AFIRME”. El primero es el que no es válido para la paraestatal.
“Es una figura extranjera que no constituye un Fideicomiso de Garantía en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dicho de otra forma, el ‘Trust ANCIRA’ es un acto jurídico que no se celebró conforme a los ordenamientos aplicables en territorio nacional, sino conforme a leyes de los Estados Unidos de América”, acusa la empresa petrolera. “Ello es incongruente con el Acuerdo Reparatorio conforme al cual, las garantías debían constituirse en los términos y mediante las figuras jurídicas contempladas en las leyes mexicanas”.
Entonces Pemex busca que el Reclusorio Norte obligue a Alonso Ancira a que, en un plazo máximo de 5 días hábiles, demuestre que el contrato de pago de reparación del daño al erario se encuentra en solo un fideicomiso en Garantía, tal como lo estipulan las leyes mexicanas.
Cabe recordar que fue a principios de febrero cuando el juez de control Artemio Zúñiga dictó la prisión preventiva justificada a Alonso Ancira, argumentando que representaba un riesgo de fuga, por lo que fue internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Un vuelo procedente de España arribó a México el tres de febrero pasado por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras estuvo en prisión, la defensa de Ancira Reno solicitó al director del centro penitenciario garantizar y prestar de manera inmediata la atención médica que necesitara el empresario. Además, se pidió que se le suministren los medicamentos que correspondan. Lo anterior debido al riesgo de contagio derivado de la epidemia de COVID-19 en México.
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