Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

En México, la labor de las llamadas madres buscadoras —mujeres y familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos— se ha convertido en una actividad de alto riesgo. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, desde 2010 se han registrado al menos 43 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en el país, lo que refleja la violencia estructural que enfrentan quienes intentan suplir la falta de acción del Estado.

El informe señala que, del total de víctimas, 35 fueron asesinadas y 8 permanecen desaparecidas, mientras que 25 eran mujeres y 18 hombres, lo que evidencia que esta violencia afecta principalmente a madres que encabezan la búsqueda de sus hijos.

Una labor marcada por el riesgo y la impunidad

Las personas buscadoras surgen en un contexto de crisis de desapariciones en México, donde miles de familias han tenido que organizarse en colectivos para localizar restos humanos, investigar pistas y recorrer zonas controladas por el crimen organizado.

Estas actividades, que deberían ser responsabilidad de las autoridades, exponen a las familias a amenazas, agresiones y ataques directos. Diversas organizaciones han advertido que la violencia contra buscadoras no es un fenómeno aislado, sino sistemático, y tiene como objetivo inhibir su labor.

Casos como el de María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en 2020 mientras buscaba a su hijo, o el de Teresa Magueyal Ramírez, evidencian el riesgo constante que enfrentan estas mujeres. Ambas fueron atacadas en Guanajuato, estado que concentra altos niveles de violencia.

Guanajuato, el estado más peligroso

El informe de Artículo 19 también identifica a Guanajuato como la entidad más peligrosa para las personas buscadoras, debido a la alta incidencia de ataques registrados en los últimos años.

La entidad se ha convertido en un foco rojo por la disputa entre grupos del crimen organizado, lo que incrementa los riesgos para quienes realizan labores de búsqueda en campo o denuncian desapariciones.

Además, especialistas advierten que muchas de estas agresiones ocurren en contextos donde las víctimas ya habían recibido amenazas o contaban con medidas de protección insuficientes, lo que pone en evidencia fallas en los mecanismos de seguridad.

Un problema que crece en medio de la crisis de desapariciones

La violencia contra buscadoras no puede entenderse sin el contexto de la crisis de desapariciones en México. Miles de familias continúan buscando a sus seres queridos ante la falta de resultados por parte de las autoridades.

En este escenario, colectivos ciudadanos han asumido tareas como la localización de fosas clandestinas, la identificación de restos y la documentación de casos, convirtiéndose en actores clave para visibilizar la magnitud del problema.

Sin embargo, esta labor ha tenido un alto costo: las buscadoras no solo enfrentan el dolor de la desaparición de sus familiares, sino también el riesgo de convertirse ellas mismas en víctimas.

Exigen protección y justicia

Organizaciones de derechos humanos han reiterado la necesidad de implementar mecanismos efectivos de protección para las personas buscadoras, así como garantizar investigaciones exhaustivas en los casos de agresiones en su contra.

Asimismo, colectivos han denunciado que la impunidad en estos crímenes es la norma, lo que perpetúa la violencia y envía un mensaje de permisividad frente a los ataques.

En este contexto, la consigna que se repite entre las familias es clara: buscar no debería costar la vida.