La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que María Eugenia “Maru” Campos Galván, candidata de la coalición “Nos une Chihuahua”, podrá contender por la gubernatura de esa entidad, ya que no ha recibido ninguna sentencia en su contra por algún posible delito.
El máximo tribunal electoral apuntó que a Maru Campos, no se le podrá negar el derecho constitucional a participar en una candidatura mientras que no esté privada de la libertad por alguna condena en su contra.
Y es que los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y Fuerza Social por México, impugnaron el registro de Campos al considerar que no cumplía con los requisitos, ya que está vinculada a un proceso penal.
El actual gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, realiza varias investigaciones que revisan la procedencia y destino de recursos presuntamente desviados por César Duarte, ex gobernador del PRI.
Una de ellas es la denominada “Nómina Secreta”, la cual plantea la existencia de una red de corrupción establecida en el gobierno de Duarte Jáquez para que los funcionarios públicos realizaran un supuesto saqueo al erario local.
De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía local, Campos Galván recibió al menos 9 millones de pesos en sobornos entre 2014 y 2015, cuando ella era subcoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado y posteriormente alcaldesa de Chihuahua.
Durante la audiencia del 16 de abril, la parte acusadora entregó 34 recibos firmados por la acusada, mismos que fueron autentificados por el juez Samuel Mendoza, quien la vinculó a proceso.
La Fiscalía General del Estado sostiene, de acuerdo a su investigación, que la panista recibió más de nueve millones de pesos para ella y para César Jáuregui Moreno, entonces diputado local. La candidata panista no logró desestimar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
El pasado mes de marzo, durante la audiencia de formulación de imputación contra María Eugenia Campos, el Ministerio Público de Chihuahua reveló que políticos como la actual senadora priista Beatriz Paredes e incluso obispos y un Arzobispo, formaron parte de la llamada “Nómina Secreta”.
“Los obispos de Chihuahua recibieron una cantidad de 100,000 pesos mensuales y el arzobispo 200,000 pesos, en la ‘nómina secreta’ del exgobernador César Horacio D.J., un mecanismo que se utilizó para desviar más mil millones de pesos”, se reveló.
El Ministerio Público de Chihuahua señaló que con dinero de la “Nómina Secreta” se habría financiado la campaña de Beatriz Paredes Rangel, cuando contendió como candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Al dar lectura a la versión de uno de los testigos en el caso, el Ministerio Público reveló que en 2012 Duarte Jáquez ordenó desviar dinero para el financiamiento de campañas electorales para candidatos del Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Baja California Sur y Sonora.
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