México afirmó ante la ONU que no extrae hidrocarburos mediante fracking, el pasado 5 de noviembre y que no desarrollará proyectos en yacimientos de baja permeabilidad mientras no se demuestre que no habrá impacto ambiental ni para la población. La embajadora Francisca Méndez, de la Misión de México en Ginebra, respondió así a los cuestionamientos de expertos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
¿Qué respondió el Gobierno?
Méndez aseguró que, aunque la técnica no se utiliza, se evalúan prácticas operativas y tecnologías de menor impacto ambiental. Reiteró que, mientras no exista esa demostración, no se desarrollará ningún proyecto de este tipo.
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La experta recordó que el relator especial Marcos Orellana visitó México en marzo de 2026 y expresó preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio. Entre las recomendaciones que citó están:
- Descarga cero de contaminantes tóxicos en los procesos industriales.
- Un plan nacional coordinado entre Federación y estados para remediar pasivos ambientales de hidrocarburos, incluido el fracking.
- Atención médica a comunidades afectadas, sobre todo a niños que viven cerca de refinerías.
También preguntó por las iniciativas para prohibir el fracking y por las restricciones al amparo en la ley de 2025, cuestionamientos que no fueron respondidos por Mendez.
¿Qué dijo el relator durante su visita?
Orellana recorrió el país del 9 al 20 de marzo de 2026. En su declaración de cierre citó el Inventario Nacional de Sitios Contaminados, que a junio de 2025 registraba 1,142 sitios. Entre los métodos del sector de hidrocarburos que plantean preocupaciones de derechos humanos mencionó el fracking.
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El relator también reconoció que el Gobierno estableciera regiones de emergencia sanitaria y ambiental y que incluyera los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030..
El agua, eje de la respuesta
Méndez subrayó que México reconoce el derecho humano al agua y que fortaleció su marco legal con la Ley General de Aguas. Entre las acciones que enumeró:
- El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.
- 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica, con inversión sexenal estimada en 122,600 millones de pesos.
- Saneamiento en los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula.
- El Registro Nacional del Agua para el Bienestar.

Añadió que la Suprema Corte reconoce la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas a pueblos indígenas cuando una decisión pública pueda afectar sus recursos hídricos o territorios. Esto resulta relevante, puesto que, según la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, si se encuentra agua en los hallazgos en la perforación de un pozo, que se llevó el mes de octubre, podrá ser evidencia para descartar la aplicación de la fracturación hidraúlica.
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Colectivos insisten en los riesgos del fracking en México
Areli Sandoval Terán, miembro de la Alianza mexicana contra el Fracking, advirtió en sus redes sociales que la fracturación hidraúlica es una amenaza para los derechos humanos y los ecosistemas en México; desde su cuenta oficial en ‘X’ exigió que se asigne “cero pesos al fracking” así como su prohibición en el país.
Alianza Mexicana contra el fracking celebró que el tema haya sido cuestionado en la conversación de la ONU.
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