“Los protegen y generan impunidad”: Santiago Nieto va también contra políticos coludidos con el crimen organizado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, explicó las estrategias para combatir a la delincuencia organizada y a los políticos que permiten su impunidad durante el Foro Virtual “Desafíos de la Justicia Mexicana”.

Señaló que la UIF se enfrenta a tres amenazas y seis vulnerabilidades del sistema de justicia penal mexicano, las más importante, tiene que ver con la delincuencia organizada y con la detección, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el sistema de Inteligencia, de 19 organizaciones delictivas de alto impacto.

“Esto genera un importante flujo de recursos financieros ilícitos en el país y por tanto es necesario que las modificaciones normativas ataquen a este tema y que se vincula en la proliferación de actividades ilícitas por parte a los grupos delincuenciales”, expuso Nieto.

Señaló que otra gran amenaza es el tema de la corrupción y que es una prioridad para el Presidente Andrés Manuel López Obrador acabar con ella, por lo que les ha instado en tener una política de cero tolerancia y combatir la impunidad.

México ocupa el lugar 130 de 180 países analizados en corrupción, donde “llegamos a estar, en 2018, en el lugar 138 de 180, mucho más cercanos de Somalia, el país más corrupto del mundo; y muy alejados de Finlandia, de Dinamarca y de Nueva Zelanda, los países internacionales más honestos de la tierra”.

Por lo que consideró que es necesario trabajar de manera coordinada con diversas instituciones del Estado mexicano, como el Instituto Nacional Electoral INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para evitar que haya corrupción vinculada con el ámbito electoral.

“Esto nos lleva a un tema central, el combate a la corrupción y a la impunidad. Puede ser que una denuncia contra un alto funcionario, genere una renuncia y por tanto, que se separe de su cargo. Pero no vamos a combatir la impunidad, sino hasta que los responsables de los delitos sean investigados y después se les aplique la de extinción de dominio, que forman al menos parte de los parámetros internacionales del grupo de acción financiera internacional, del cual México forma parte desde el año 2000”, informó.

En este contexto, parte de las faltas cometidas están relacionadas con el incremento de la economía informal, 57 por ciento de la población en México tuvo en 2018 tuvo como sustento alguna actividad informal, lo que equivale al 22% del PIB del país. Sin embargo dijo que esto “facilita el uso de efectivo en moneda nacional, particularmente vinculado con casos de corrupción y casos de delincuencia organizada”.

“Hay que recordar que el combate a la corrupción, a la delincuencia organizada, debe de hacerse desde una perspectiva integral. Por supuesto que hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales; pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos”, dijo.

Por lo que especificó que hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial, que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes, y por supuesto, hay que avanzar en dos temas que son centrales: el combate a la base social de los grupos criminales y por supuesto el combate a sus estructuras financieras.

“Por tanto, para poder detener el flujo de efectivo, para poder detener las operaciones en dólares, que también presentan una vulnerabilidad, lo más relevante para la UIF, es poder establecer mecanismos que permitan combatir, los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional; particularmente el combate a la corrupción en las aduanas y en los puertos, como ha sido planteado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, mostró.

Estimó que se requiere forzosamente la modificación a la Ley de Prevención, de Lavado de Dinero, a la Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para poder incluir beneficiario final, el delito en contra de los testaferros, localizar a las personas políticamente expuestas, cumplir con la recomendación 15 de GAFI en materia de activos virtuales y la recomendación 23 de GAFI en materia de sujetos obligados por actividades vulnerables, la necesidad de que el financiamiento al terrorismo se encuentre localizado como un objetivo de la Ley de Prevención.

Además “la construcción de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas, para efecto de poder tener una mayor caudal de información y poder presentar casos mejor sustentados”.

Adicionalmente, señaló que está pendiente el tema de la reforma en materia de Ley de Instituciones de Crédito, para efecto de poder utilizar aquellos recursos que son congelados por la UIF y que nadie reclama.

“Tenemos en este momento 2,000 millones de pesos congelados, que se encuentran en los bancos, y que nadie ha reclamado, que sería importante que pudieran pasar al patrimonio, a la Tesorería de la Federación, o del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado”, concluyó.

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