Zhenli Ye Gon, empresario mexicano de origen chino acusado de dirigir un negocio de precursores químicos para elaborar drogas, se contagió de COVID-19 al interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, lugar en el que se encuentra recluido.
Ante la posibilidad de que su salud estuviera en riesgo, el juez Samuel Sánchez Sánchez le otorgó en junio pasado la medida cautelar, que incluye garantías para que obtenga atención médica y se le brinde acceso a todos los bienes y servicios necesarios para protegerlo en la actual contingencia sanitaria por coronavirus.
Sin embargo, estos cuidados no fueron suficientes, pues el empresario se contagió con la enfermedad al igual que los 522,162 casos positivos acumulados e México, registrados hasta este domingo 16 de agosto por la Secretaría de Salud (SSa).
El juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Jun Mateo Brieba de Castro fue notificado de que el quejoso tuvo que ser aislado desde marzo.
Un actuario del juzgado acudió a la prisión en las inmediaciones del municipio de Almoloya de Juárez, para notificar a Zhenli que un juez había determinado que carecía de competencia para conocer el amparo en el que denunció que no se habían realizado unos peritajes y que tampoco se han atendido solicitudes en uno de los procesos penales que enfrenta.
No obstante, el actuario no pudo sostener el encuentro con el recluso ya que fue notificado por el personal del penal que el empresario tenía coronavirus, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, señala un acuerdo judicial.
“De las constancias recibidas se advierte la imposibilidad que tuvo el juzgado exhortado para realizar la diligencia encomendada el 17 de marzo. Ello en virtud de que el personal jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, les hizo del conocimiento al actuario del juzgado exhortado que el quejoso se encontraba en el área médica debido a haber sido diagnosticado positivo del virus COVID-19”, refiere el documento.
En este sentido, el juez de amparo consideró que no es necesario realizar visitas Zhenli para notificarlo personalmente, pues se podría poner “en riesgo la salud de los actuarios, en atención a la emergencia sanitaria derivada del riesgo de propagación del virus”.
El empresario promovió un amparo y obtuvo la suspensión de oficio para que las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tome las medidas necesarias para proteger su salud, ante el riesgo de contagio por el Covid-19.
La defensa del recluso solicitó recurso denunciando que su cliente sufría de discriminación y falta de condiciones idóneas para asearse debidamente, ante la existencia de la pandemia.
De acuerdo con las autoridades sanitarias en México, la pandemia por coronavirus sigue activa en el país. En el último reporte de la SSa se contabilizaron 56,757 defunciones acumuladas por la enfermedad en el territorio nacional.
Con el objetivo de atender las medidas sanitarias recomendadas para evitar la propagación del virus causante de la enfermedad de COVID-19, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que 320 personas privadas de su liberta fueron trasladadas, el pasado martes 4 de agosto, del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, al Cefereso Número 18 “CPS Coahuila”, en el municipio de Ramos Arispe.
La dependencia señaló que la modificación corresponde a las acciones que las autoridades están tomando para proteger la salud de los reclusos, con estricto apego al Protocolo de Actuación para la atención del COVID-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).
En tanto, las personas ingresadas al “CPS Coahuila” serán aisladas en un área especial para su observación temporal durante tres semanas, de manera que se pueda evitar cualquier riesgo de contagio para el resto de la población penitenciaria.
Asimismo, se informó que los 320 reos estarán bajo supervisión por si llegan a presentar síntomas; de no ser así, podrán integrarse con el resto de las personas privadas de su libertad en el penal de destino, detalló la SSPC.
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